Cox Energy: entre la oportunidad verde y el laberinto regulatorio mexicano

La empresa española hereda 15 centrales eléctricas de Iberdrola y proyecta una inversión de 10,700 millones de dólares en México. ¿Qué puede lograr y qué obstáculos enfrenta en el nuevo modelo energético nacional?

Cox Energy: entre la oportunidad verde y el laberinto regulatorio mexicano

La salida de Iberdrola de México, tras 26 años de operación, no solo marca el fin de una etapa, sino el inicio de otra con Cox Energy como protagonista. La empresa española, fundada en 2014 y especializada en energías renovables y agua, heredó 15 centrales eléctricas —eólicas, solares, de cogeneración y ciclos combinados— que suman 2,600 MW de capacidad instalada. La operación, valuada en 4,200 millones de dólares, es solo el primer paso: Cox planea invertir 10,700 millones de dólares en los próximos cinco años.

Pero más allá de los números, el contexto es complejo. Cox aterriza en un país donde el modelo energético está en transición, con una CFE fortalecida por ley, una nueva Comisión Nacional de Energía (CNE) en formación, y un marco regulatorio que aún genera incertidumbre.

Oportunidades: viento a favor para las renovables

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha reiterado su compromiso con la transición energética, y el Plan México contempla la incorporación de 21,846 MW de nueva capacidad eléctrica en cinco años, con énfasis en fuentes limpias. Cox llega con un portafolio verde, experiencia técnica y sin el desgaste político que arrastraba Iberdrola.

Además, la Secretaría de Energía ha dado señales claras de apertura: celebró públicamente la llegada de Cox y destacó su alineación con los objetivos nacionales. Esto abre la puerta a alianzas estratégicas con la CFE, especialmente en proyectos de coinversión, donde la empresa estatal aporta infraestructura y Cox conocimiento técnico.

La integración de más de 800 empleados de Iberdrola México también garantiza continuidad operativa y conocimiento local, lo que reduce riesgos en la transición de activos.

Restricciones: el laberinto regulatorio

A pesar del discurso favorable, Cox enfrenta varios desafíos:

  • Permisos detenidos: La extinción de la CRE dejó miles de trámites sin resolver. Aunque la CNE promete agilidad, aún no está plenamente operativa.
  • Dilación administrativa: La obtención de permisos ambientales, sociales y de interconexión sigue siendo lenta y poco transparente.
  • Límites legales: La nueva legislación establece que la CFE debe generar al menos el 54% de la electricidad nacional, lo que restringe el margen de crecimiento de privados.
  • Fiscalización reforzada: La SENER y la ASEA han endurecido los requisitos para proyectos nuevos, incluyendo la obligatoriedad de contar con resolutivos de impacto social y ambiental.

Estrategia: inversión mixta y diversificación

Cox no solo apuesta por generación eléctrica. Su plan incluye:

  • 4,000 millones de dólares en nuevos proyectos energéticos, incluyendo almacenamiento y eficiencia.
  • 1,500 millones en activos de concesión de agua, como desalinización y tratamiento.
  • Coinversiones con CFE, que podrían convertirse en modelo para otros privados.

Además, Cox ve a México como plataforma regional para expandirse hacia Estados Unidos y Centroamérica. La demanda eléctrica nacional —más de 50,000 MW— y el predominio de combustibles fósiles (75%) ofrecen espacio para crecer en renovables.

¿Puede Cox cambiar las reglas del juego?

Cox Energy llega en un momento clave. Tiene activos, capital, respaldo institucional y un entorno político más receptivo. Pero también enfrenta un sistema regulatorio en reconstrucción, una CFE dominante y una economía con bajo crecimiento.

Su éxito dependerá de su capacidad para navegar el nuevo marco legal, construir alianzas inteligentes y demostrar que los privados pueden ser aliados estratégicos del Estado en la transición energética.

México no solo es una oportunidad de negocio para Cox. Es su prueba piloto para demostrar que la inversión privada puede convivir con la soberanía energética. Y si lo logra, podría redefinir el papel de los generadores privados en América Latina.

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