Iberdrola pone en venta 15 plantas renovables en México por 4,700 mdd, en una salida definitiva motivada por incertidumbre jurídica y fiscal. El retiro marca el fin de más de 20 años de operaciones.
La salida de Iberdrola del mercado eléctrico mexicano ya no es una posibilidad: es un hecho en marcha. La mayor eléctrica de Europa ha contratado al banco Barclays para vender 15 plantas de energía renovable en México, valoradas en 4,700 millones de dólares, según reveló el medio español El Confidencial. Esta operación representa el cierre de un ciclo de más de dos décadas de presencia en el país y confirma el viraje estratégico de la compañía hacia mercados con mayor certidumbre regulatoria.
La decisión se da en un contexto de incertidumbre jurídica y fiscal que ha marcado la política energética mexicana en los últimos años. Cambios regulatorios, priorización de empresas estatales como la CFE, y tensiones con el sector privado han deteriorado el entorno de inversión para actores internacionales. En 2024, Iberdrola ya había vendido 13 plantas al Gobierno mexicano por 6,000 millones de dólares, en una operación promovida por la administración de López Obrador como una “nueva nacionalización” del sector eléctrico.
Con esta nueva desinversión, Iberdrola prácticamente concluye su retirada del país, dejando atrás activos que incluían centrales eólicas, solares y de ciclo combinado. Aunque ni la empresa ni Barclays han emitido declaraciones oficiales, fuentes cercanas a la operación indican que el objetivo es reorientar inversiones hacia mercados con marcos normativos estables y previsibles, como Estados Unidos, Europa y Brasil.
El impacto de esta salida va más allá de lo financiero. Para analistas e inversionistas, representa un síntoma de deterioro en la confianza regulatoria del país. La falta de reglas claras, la discrecionalidad en permisos y la ausencia de mecanismos de resolución de controversias han sido señaladas por cámaras empresariales y organismos multilaterales como barreras para la inversión en infraestructura energética.
En términos de política pública, la salida de Iberdrola plantea preguntas clave: ¿quién tomará el relevo en la expansión de renovables?, ¿cómo se garantizará la competencia en generación?, ¿qué señales se están enviando a otros inversionistas globales?
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