La calificadora internacional S&P mantiene su cautela sobre México y Pemex, alertando por la caída de ingresos petroleros y la ausencia de una reforma fiscal antes de 2027, mientras el mercado sigue escéptico sobre el nuevo plan energético.
En el piso 27 de un edificio corporativo en Nueva York, un grupo de analistas de S&P Global Ratings revisa las cifras de México con la lupa puesta en dos indicadores inseparables: la salud financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) y las cuentas del gobierno federal. La conclusión, según fuentes cercanas a la agencia, es clara: sin una reforma fiscal antes de 2027 y con los ingresos petroleros desplomándose, no habrá cambios positivos en la calificación crediticia.
La desconfianza del mercado sigue firme pese al nuevo Plan Estratégico 2025–2035 de Pemex, presentado con bombo y platillo por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Solo Fitch ha mejorado su calificación —aunque Pemex permanece en grado especulativo—, mientras que Moody’s mantiene su nota por dudas sobre la viabilidad del plan. S&P, más cautelosa, ha preferido esperar señales concretas de un cambio en la política fiscal.
"La calificación de Pemex y la del Gobierno están ligadas. La clave es fiscal, no solo petrolera", comentó un ejecutivo vinculado a la agencia. La expectativa está en 2027, año en que el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, podría plantear una reforma fiscal. Para 2026, ya adelantó, no habrá modificaciones de ese calibre; el enfoque seguirá en la mejora de la recaudación tributaria.
En cifras, el primer semestre de 2025 dejó 2.83 billones de pesos en ingresos tributarios, un crecimiento anual del 8%. Sin embargo, los ingresos petroleros se desplomaron 22.2% frente al mismo periodo de 2024, reflejo de la presión que vive Pemex entre altos costos operativos, producción estancada y mercado internacional volátil.
Desde el otro lado de la mesa, analistas como Roxana Muñoz de Moody’s insisten en que los apoyos de Hacienda no resuelven el problema estructural. La petrolera sigue atrapada entre una deuda que ronda los 105 mil millones de dólares y una producción que no alcanza las metas oficiales.
La geopolítica tampoco ayuda. La amenaza de nuevos aranceles desde Estados Unidos, impulsada por las políticas comerciales de Donald Trump, mantiene a México en una pausa de 90 días para negociar. S&P advierte que, si se concretan, el golpe a la economía podría comprometer aún más los ingresos fiscales y petroleros.
En este escenario, la pregunta que flota en el ambiente financiero es doble: ¿será capaz el gobierno de blindar sus finanzas antes de que la caída petrolera se convierta en un lastre irreversible? Y más importante aún, ¿aceptará el costo político de una reforma fiscal profunda antes de que sea demasiado tarde?
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