Luz Elena González defendió en el Senado el modelo con el Estado al mando: CFE con utilidades, Pemex con pagos a proveedores y plan 2025–2035. El desafío: obras, transparencia y tiempos.
En su primera gran comparecencia del periodo, Luz Elena González llevó al Senado un mensaje de control y resultados: la CFE cerró el 3T con utilidades de tres cifras y Pemex ha cubierto pagos por alrededor de 300 mil millones de pesos a su cadena de suministro. Entre cifras y réplicas, el subtexto fue otro: la discusión ya no es ideológica, sino de ejecución, transparencia y velocidad para que esos números se traduzcan en servicio, inversión y menor litigio.
La intervención arrancó con una premisa política —el Estado recuperó la rectoría— y aterrizó en dos frentes operativos. En electricidad, la empresa pública exhibe utilidades y un plan de expansión de transmisión que, en papel, promete miles de kilómetros nuevos para aliviar congestiones y acercar carga a polos industriales. El reto es programar ingeniería, derechos de vía y licitaciones sin perder el piso financiero que hoy la hace exhibir ganancias. Una utilidad trimestral histórica no inmuniza contra costos de combustibles, contingencias o diferimientos de obra.
En hidrocarburos, Pemex aparece con dos historias que conviven: reordenar finanzas y sostener operación. El pago acumulado a proveedores despresuriza juicios y reflujos logísticos, pero no borra inercias de deuda ni el peso de vencimientos. El discurso oficial añade nueva musculatura: un plan estratégico a 2035 que busca aliviar pasivos con deuda precalzada y mejorar flujo para contratos críticos. En campo, la vara medible seguirá siendo producción, quema/venteo y costos por barril.
El episodio más sensible de la tarde fue el gasolinas y refinación. Dos Bocas fue presentada como la refinería más productiva del país, con una cifra de proceso que la coloca al frente del sistema. Para el mercado, el punto no es el título, sino la consistencia semanal de corridas, la calidad de destilados y el costo por litro puesto en terminal. Si la planta mantiene estabilidad y mezcla adecuada, el impacto sí puede notarse en importaciones y diferenciales regionales; si no, la conversación volverá a precios y a logística.
La oposición empujó por los flancos que más duelen: “huachicol fiscal”, trazabilidad y sanción efectiva. La respuesta oficial prometió más controles de cadena y coordinación con seguridad. El termómetro real será visible en tres lugares: aforos y sellos en almacenamiento, auditorías en ductos y judicialización de casos. Sin expedientes sólidos, la narrativa se desgasta rápido.
Quedó también una disputa de cifras sobre lo que aportan los privados. El tablero político reduce el dato a un porcentaje de producción; el tablero operativo observa otra cosa: contratos de servicio que sostienen compresiones, tratamientos y mantenimiento de pozos, invisibles a la hora de repartir el crédito. De cara a 2026, cuando el país revise reglas comerciales y compromisos internacionales, esa fina letra volverá a importar.
El cierre apeló a la “justicia energética” como brújula: más cobertura, mejores redes y precios estables. Traducido a operación, la promesa exige tres pruebas inmediatas: publicar calendarios y catálogos de obras con trazabilidad física y financiera; sostener el ritmo de pagos para no romper cadenas críticas; y comunicar, con la misma contundencia que los anuncios, los avances verificables en pérdidas técnicas, calidad de servicio y tiempos de interconexión. Ahí se juega la credibilidad del nuevo arreglo.
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