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El Senado aprobó que trabajadores de CFE, Banxico y SAT porten armas. ¿Medida de seguridad o riesgo institucional? Un análisis crítico de sus implicaciones.
El Senado acaba de dar luz verde a una reforma que permitirá a empleados de CFE, Banxico e incluso el SAT portar armas durante sus labores. La justificación: proteger "instalaciones estratégicas". Pero tras el discurso de seguridad nacional, surgen preguntas incómodas: ¿Realmente necesitamos un SAT armado? ¿O esto abre la puerta a más violencia institucional?
Amplía la portación a trabajadores de paraestatales y órganos autónomos.
Incluye desde electricistas hasta banqueros centrales.
Modifica 100 artículos, pero omite protocolos claros de capacitación.
Ejidatarios también podrán armare, en una medida paralela.
Ana Lilia Rivera, promotora de la reforma, insiste en que es para "modernizar la seguridad". Pero el texto no especifica:
¿Qué pasará cuando un empleado del SAT discuta con un contribuyente?
¿Cómo evitar que un trabajador de CFE use su arma en conflictos laborales?
¿Quién supervisará que las armas no terminen en manos de cárteles?
México ya vive una crisis de violencia por armas ilegales. Esta reforma, en lugar de atacar ese problema, parece normalizar que cualquier funcionario lleve pistola. Los riesgos son tangibles:
Confusión en operativos: ¿Cómo distinguirán las fuerzas de seguridad a un empleado armado "legal" de un delincuente?
Aumento de violencia institucional: Basta recordar casos como Ayotzinapa para temer abusos.
Filtración a mercados negros: El 70% de armas en México vienen de EU. ¿Ahora sumaremos las institucionales?
Los defensores argumentan que protegerá infraestructura crítica. Pero:
CFE ya cuenta con fuerzas especiales para sus instalaciones.
Banxico tiene protocolos de seguridad de alto nivel.
El SAT difícilmente enfrenta riesgos que justifiquen armar a sus auditores.
Parece más un símbolo político que una solución real. Mientras el país necesita inteligencia y profesionalización, esta reforma apuesta por la fuerza bruta institucionalizada.
La reforma ya está aprobada, pero faltan regulaciones secundarias. La ciudadanía debe exigir:
Capacitación obligatoria en uso de fuerza proporcional.
Transparencia en la asignación de armas.
Controles estrictos para evitar desvíos.
¿Tú qué opinas? ¿Crees que armar a empleados públicos mejorará la seguridad o generará más caos? Suscríbete a AI Regula Solutions para seguir nuestro análisis sobre cómo se implementa esta polémica medida. La línea entre protección y autoritarismo es más delgada de lo que parece.
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