Por Redacción
La petrolera estatal Pemex inició un polémico proceso de reestructuración que incluye el despido de hasta 3 mil trabajadores. Mientras la empresa habla de ahorros, empleados denuncian vulneración de derechos. ¿Qué sigue en este choque entre austeridad y protección laboral?
El pasado 6 de junio, Petróleos Mexicanos (Pemex) encendió la mecha de un conflicto laboral que podría redefinir el futuro de la empresa. Con un anuncio interno, la petrolera estatal informó a más de 500 empleados de su Dirección de Refinación que sus puestos serían eliminados. Pero esto es solo el inicio: el plan de reestructuración contempla recortar hasta 3 mil plazas, principalmente de trabajadores de confianza, en lo que la empresa llama un "esfuerzo por integrar operaciones y ahorrar recursos".
Pemex, ahogada por una deuda histórica y una operación ineficiente, argumenta que esta reestructura es necesaria para sobrevivir. Según cálculos internos, la medida podría ahorrar más de 18,560 millones de pesos, dinero que se destinaría a reducir pasivos y optimizar áreas clave. El gobierno federal, con Claudia Sheinbaum a la cabeza, ha respaldado la decisión como parte de su política de austeridad.
Pero del otro lado están los trabajadores, muchos con décadas de servicio, que acusan a la empresa de querer "lavarse las manos" con liquidaciones únicas en lugar de otorgar jubilaciones. "Es un golpe bajo. Nos echan después de años y ni siquiera nos dan lo que por ley nos corresponde", comenta un empleado afectado que prefiere no dar su nombre.
Ante la negativa de Pemex, cientos de empleados ya preparan demandas laborales. Estos casos podrían convertirse en un termómetro para el Poder Judicial mexicano, que tendrá que decidir si prioriza los argumentos financieros de la empresa o los derechos adquiridos de los trabajadores.
Expertos en derecho laboral advierten que, si los tribunales fallan a favor de los empleados, sentarían un precedente clave para el sector público. "No se puede disfrazar de reestructuración lo que en realidad es un recorte sin garantías", señala Adrián Ramírez, abogado especializado en conflictos laborales.
Los despidos no son el único problema. Pemex arrastra una deuda millonaria con proveedores, especialmente en estados como Tamaulipas, donde pequeñas y medianas empresas dependen de contratos con la petrolera. La incertidumbre laboral ya se siente en comunidades donde Pemex es el principal motor económico.
Mientras tanto, la empresa insiste en que la reestructuración incluirá la creación de nuevas áreas "más eficientes" y la eliminación de funciones duplicadas. Pero para los trabajadores, el mensaje es claro: el costo de la "modernización" lo están pagando ellos.
El conflicto está lejos de terminar. Las demandas judiciales, las protestas y la presión política podrían forzar ajustes en el plan original. Por ahora, miles de familias enfrentan un futuro incierto en un México donde empleos formales y bien pagados son cada vez más escasos.
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