Por Redacción
El nuevo Estatuto Orgánico de PEMEX 2025 reaviva la reforma energética con cambios políticos y operativos que redefinen el rol del Estado y de los privados.
El 30 de mayo de 2025 entró en vigor el nuevo Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos (PEMEX), publicado en el Diario Oficial de la Federación apenas dos semanas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum promulgó el paquete legislativo que relanza la política energética del país. El documento redefine la estructura de la empresa productiva del Estado y perfila una gobernanza corporativa alineada con los objetivos de autosuficiencia, austeridad y transición energética, señales que muchos analistas interpretan como el comienzo de una nueva fase en la reforma energética de México.
El texto abroga el estatuto de 2019 y concentra las funciones estratégicas en cuatro direcciones corporativas: Exploración-Producción, Transformación Industrial, Comercialización y Finanzas-Sostenibilidad. Cada dirección queda sujeta a metas anuales de rentabilidad social y reducción de emisiones, incorporando indicadores de transición energética que antes solo figuraban en lineamientos internos. Asimismo, se crea una Unidad de Coordinación Regulatoria con mandato expreso de armonizar las operaciones con las agencias ASEA y CRE, evitando demoras que costaron hasta US $1 800 millones en multas y ajustes entre 2021-2024.
El Consejo mantiene 11 integrantes, pero ahora cinco son funcionarios federales con voto directo sobre presupuesto y planeación—un movimiento que algunos críticos califican de recentralización política. A cambio, se añaden dos consejeros independientes con experiencia en energías limpias y finanzas sostenibles, respondiendo a la presión de inversionistas internacionales que condicionan financiamiento a criterios ESG. El estatuto también otorga al Director General la facultad de emitir “directrices operativas inmediatas” en situaciones de riesgo energético nacional, encajando con la narrativa de “seguridad energética” que la presidencia promueve para legitimar la reforma energética.
Al integrar la nueva Ley de la Empresa Pública del Estado, PEMEX dejará de cotizar bonos vinculados exclusivamente a reservas fósiles y podrá emitir instrumentos atados a objetivos de reducción de metano y captura de carbono. El gobierno central se compromete a capitalizar la petrolera con MXN 238 000 millones entre 2025-2028, condicionados a metas de producción de gas y refinados limpios para disminuir importaciones. Esta apuesta, aunque retoma la rectoría estatal, no implica el cierre al capital privado: los proyectos de refinación y logística seguirán abiertos a coinversión, siempre que se respeten las cláusulas de contenido nacional y transferencia tecnológica.
Para el sector privado—desde proveedores de servicios de perforación hasta comercializadores de combustibles—el nuevo marco ofrece claridad regulatoria, pero también mayor escrutinio estatal. La reforma energética, antes sinónimo de liberalización, se redefine ahora como un balance entre control público y eficiencia empresarial. Queda por ver cómo estos cambios resonarán con la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional de Energía y los objetivos de autosuficiencia impulsados por el Ejecutivo. ¿Consolidará México su camino hacia una transición energética justa o volverá a un esquema de concentración que limite la competencia? El tablero está abierto y la reforma energética de México vuelve a ocupar el centro del debate.
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