Por Redacción
La ICC México urge incluir a Pemex y CFE en la nueva ley antimonopolios para evitar distorsiones en el mercado energético. Conoce las 14 recomendaciones clave.
En un movimiento que podría redefinir las reglas del juego en los mercados energéticos, la International Chamber of Commerce México (ICC México) ha lanzado un contundente llamado: Pemex y CFE deben someterse a la nueva ley antimonopolios que se discute en el Congreso. La advertencia llega cuando el gobierno prepara una reforma constitucional para reemplazar a la COFECE por un nuevo organismo regulador.
El corazón del debate late con fuerza: mientras la reforma energética vigente establece que Pemex y CFE no pueden ser consideradas monopolios, la ICC argumenta que esta excepción genera distorsiones peligrosas en el mercado. "Sin regulación antimonopolios, estas empresas podrían ahogar la competencia con prácticas desleales", advirtió un portavoz de la organización.
La situación es paradójica. Por un lado, el gobierno busca crear un nuevo regulador más fuerte; por otro, mantiene un blindaje especial para sus empresas energéticas. Para la ICC, esto equivale a "tener un árbitro de futbol que no puede pitar faltas a dos de los jugadores".
Tras un análisis minucioso, la ICC presentó un paquete de medidas clave:
Autonomía blindada para el nuevo organismo, libre de interferencias políticas
Multas sectorizadas basadas en estándares internacionales
Protección al capital humano técnico de COFECE y el IFT
Claridad conceptual en términos como "competidor potencial"
"Estamos ante una oportunidad histórica para modernizar nuestro marco de competencia", señaló la organización, que representa a más de 45 millones de empresas en 100 países.
Expertos consultados coinciden: dejar fuera a Pemex y CFE podría:
Desincentivar la inversión privada en energía
Perpetuar prácticas anticompetitivas en contratos y precios
Frenar la innovación en sectores clave
Un ejemplo claro: mientras CFE controla 54% del mercado eléctrico, la reforma le permite priorizar sus propias plantas, incluso cuando generadores privados ofrecen energía más barata y limpia.
La pelota está ahora en la cancha del Legislativo. Los diputados enfrentan un dilema: modernizar el sistema como pide la ICC o mantener el statu quo que favorece a las empresas estatales.
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