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El gobierno de Claudia Sheinbaum elimina más de 6,200 plazas y ajusta 12 mil millones de pesos en el presupuesto 2025. ¿Qué implica para sectores clave como la seguridad y la cultura?
En un movimiento que ha generado preocupación y debate, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció la eliminación de más de 6,200 plazas dentro de la administración pública federal para 2025. Este ajuste es parte de su política de austeridad, pero los recortes han puesto bajo la lupa áreas clave como la seguridad, infraestructura, cultura y otros sectores estratégicos.
El sector más golpeado es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que perderá 3,564 plazas, lo que equivale al 6% de su fuerza laboral. Este recorte llega en un momento crítico: los homicidios dolosos aumentaron un 5.7% en los primeros dos meses del nuevo gobierno comparados con el mismo periodo anterior, según datos oficiales. Además, ciudades como Culiacán enfrentan una ola de violencia que suma ya más de 140 días consecutivos de enfrentamientos.
El impacto no solo se limita al personal operativo, también incluye un recorte de 11,787 millones de pesos en sueldos y prestaciones, lo que representa una disminución del 26.85% respecto al año anterior. Estas reducciones afectan la capacidad de respuesta y las condiciones laborales de los elementos de la Guardia Nacional, cuya fuerza ha disminuido de 37,478 a 33,914 plazas.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) perdió 981 plazas, además de sufrir una redistribución de entidades clave hacia otras dependencias como la Secretaría de Marina y la Agencia de Transformación Digital. Por su parte, la Secretaría de Cultura, que supervisa recintos emblemáticos como el Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional de Antropología, reducirá 476 plazas, lo que podría agravar las carencias recurrentes denunciadas por trabajadores.
Además de los recortes en dependencias tradicionales, más de 3,690 plazas correspondientes a los organismos autónomos que están en proceso de desaparecer, como el Instituto Nacional de Transparencia y la Comisión Reguladora de Energía, están en el limbo. Aunque el gobierno prometió reubicar a los trabajadores en otras dependencias, los analistas señalan que las asignaciones presupuestales no respaldan esta promesa.
El discurso oficial sostiene que estas medidas buscan "optimizar recursos", pero críticos y especialistas advierten que podrían impactar negativamente la calidad de los servicios públicos. Desde trámites más lentos hasta una atención reducida en sectores sensibles como la seguridad y la cultura, el impacto para los ciudadanos podría ser significativo.
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Periodista, especialista en marketing digital y análisis de mercado, con enfoque en optimización de inversiones digitales y tendencias de mercado.
