Pemex reconoce que no cumplirá con los controles volumétricos exigidos por el SAT sino hasta 2035, lo que pone en duda su liderazgo en la fiscalización energética y abre la puerta a sanciones graves en plena lucha contra el huachicol.
Petróleos Mexicanos (Pemex) ha admitido que no cumplirá con los controles volumétricos exigidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sino hasta el año 2035, a pesar de que la obligación está vigente desde enero de 2022. Actualmente, la empresa apenas alcanza un 15% de cumplimiento, lo que la expone a sanciones fiscales, operativas e incluso penales.
Los controles volumétricos son sistemas informáticos que permiten registrar y monitorear los volúmenes de hidrocarburos a lo largo de toda la cadena de valor. Su propósito es garantizar la trazabilidad del producto y evitar la comercialización de combustibles robados o de procedencia ilícita.
Para alcanzar el cumplimiento del 96%, Pemex invertirá 23,139 millones de pesos en el desarrollo de una Unidad Central de Control, un sistema que integrará la información operativa de toda la cadena de valor y permitirá enviar reportes automáticos al SAT. Esta inversión forma parte del Plan Estratégico de Fortalecimiento 2025–2035, que busca modernizar los sistemas de medición y supervisión volumétrica.
El especialista Aldo Vargas, director de desarrollo en Kernotek, considera que el rezago tecnológico de Pemex es resultado de años de operar con presupuestos limitados y en modo de “supervivencia”. Aunque celebra la inversión anunciada, advierte que Pemex debería ser ejemplo de cumplimiento, no excepción.
Además del rezago, el bajo cumplimiento genera inseguridad jurídica. Si el SAT decide aplicar sanciones sin distinción entre Pemex y empresas privadas, el conflicto podría escalar. Vargas insiste en que la fiscalización debe hacerse bajo un “piso parejo”, sin favoritismos.
Las sanciones por incumplimiento incluyen multas económicas, cancelación de sellos digitales, suspensión de actividades y hasta penas de prisión en casos graves. El Código Fiscal de la Federación establece que la falta de controles adecuados puede derivar en la inhabilitación de operaciones y responsabilidades penales para los representantes legales.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la trazabilidad como herramienta clave en el combate al huachicol. En mayo, tras el aseguramiento de más de 3 millones de litros de combustible ilegal en Tabasco, destacó que la nueva plataforma de trazabilidad de Pemex permite seguir el rastro del combustible desde su importación hasta su venta en estaciones de servicio.
Pemex pierde 56.7 millones de pesos diarios por robo de combustibles, y en el primer semestre de 2025 se incautaron 41 millones de litros, apenas el 10% de las pérdidas estimadas. La trazabilidad es una herramienta poderosa, pero sin controles volumétricos integrados y certificados, su efectividad queda limitada.
El mayor reto para Pemex no es solo técnico, sino reputacional. Pasarán 13 años entre la entrada en vigor de la obligación y su cumplimiento casi total, lo que pone en entredicho su papel como líder del sector energético y su capacidad para cumplir con las normas fiscales y regulatorias.
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