El SAT refuerza la fiscalización del sector energético con el Anexo 30 de la RMF 2025, obligando a estaciones y permisionarios a implementar controles volumétricos con estándares técnicos y de seguridad más estrictos.
Desde enero de 2025, el Anexo 30 de la Resolución Miscelánea Fiscal se convirtió en el nuevo referente técnico y normativo para todas las empresas que comercializan, transportan, almacenan o consumen hidrocarburos y petrolíferos en México. Esta disposición del Servicio de Administración Tributaria (SAT) obliga a implementar controles volumétricos con especificaciones detalladas que van mucho más allá de un simple software de medición.
El objetivo es claro: cerrar la puerta a la evasión fiscal, combatir el robo de combustibles y garantizar trazabilidad total en cada operación. Para lograrlo, el SAT exige que los equipos y programas informáticos cumplan con funcionalidades específicas, como la generación automática de reportes diarios y mensuales, el registro de CFDI, la integración con sistemas de medición certificados y la validación de datos mediante algoritmos de seguridad.
El documento establece que los sistemas deben operar bajo condiciones de referencia estandarizadas (temperatura y presión), contar con respaldo de datos, bitácoras de eventos, alarmas ante inconsistencias y protocolos de comunicación seguros. Además, se exige que los medidores —ya sean estáticos o dinámicos— estén calibrados por laboratorios acreditados y cumplan con normas nacionales e internacionales como la NOM-005-SCFI-2017 y la NOM-185-SCFI-2017.
El Anexo 30 también detalla los perfiles de usuario que pueden operar el sistema (administrador, supervisor, operador y auditor fiscal), así como los requisitos de seguridad informática, desde contraseñas robustas hasta segmentación de redes y cifrado de datos.
Para las estaciones de servicio, esto implica una transformación operativa: deben integrar medidores en tanques y dispensarios, registrar cada litro vendido, y enviar la información al SAT en tiempo real. No cumplir con estas disposiciones puede derivar en multas, suspensión de permisos, cancelación de sellos digitales e incluso sanciones penales.
El mensaje es contundente: la fiscalización energética ya no es solo un tema de cumplimiento, sino de eficiencia, transparencia y competitividad. Las empresas que se adapten a tiempo no solo evitarán sanciones, sino que podrán optimizar sus procesos, reducir pérdidas y fortalecer su reputación ante clientes y autoridades.
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