Fitch y Moody’s elevan la nota de Pemex por respaldo fiscal, no por rentabilidad. La petrolera sigue siendo un riesgo compartido con el gobierno.
Las recientes mejoras en la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex) por parte de Fitch Ratings y Moody’s han sido recibidas con entusiasmo en los mercados financieros. Sin embargo, el trasfondo revela una realidad más compleja: la petrolera estatal sigue dependiendo estructuralmente del gobierno mexicano para sostener su liquidez, lo que plantea riesgos compartidos entre la empresa y las finanzas públicas.
Fitch elevó la nota de Pemex de BB a BB+, mientras que Moody’s la ajustó de B3 a B1, ambas con perspectiva estable. El motivo no fue una mejora en la rentabilidad ni en la eficiencia operativa, sino el mayor respaldo financiero del Estado, que incluyó una oferta pública de recompra de bonos por 9,900 millones de dólares, financiada directamente por la Secretaría de Hacienda.
Este movimiento acercó a Pemex a la calificación soberana de México, colocándola a solo un nivel por debajo. En términos prácticos, el riesgo de Pemex se percibe casi idéntico al del país, lo que refuerza la idea de que el gobierno no permitirá un incumplimiento, aunque eso implique comprometer su propio balance fiscal.
La reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC), la creación del nuevo “Derecho Petrolero para el Bienestar” y la emisión de deuda estructurada por 12,000 millones de dólares son parte de una estrategia que traslada la carga financiera de Pemex al erario público. Aunque estas medidas alivian la presión inmediata sobre la empresa, también difuminan la frontera entre la deuda soberana y la deuda corporativa.
Para los inversionistas, el mensaje es claro: Pemex sigue siendo una empresa estratégica, pero su estabilidad depende más de la voluntad política que de su desempeño operativo. La producción sigue estancada, los costos de refinación son elevados y los pasivos con proveedores superan los 500 mil millones de pesos.
El reto no es solo financiero. Es estructural. Pemex necesita convertir el respaldo fiscal en una plataforma de transformación interna, capaz de reducir su dependencia del presupuesto público, mejorar su eficiencia y recuperar su capacidad de inversión. De lo contrario, las mejoras crediticias podrían convertirse en un espejismo sostenido por recursos fiscales finitos.
La calificación sube, pero el riesgo permanece.
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