Pemex reportó la firma de 11 contratos mixtos en el Informe de Gobierno, pero aún están en proceso de autorización y validación.
En el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se aseguró que Pemex había firmado 11 contratos mixtos de exploración y extracción de hidrocarburos con la iniciativa privada. Sin embargo, hasta finales de agosto, ninguno de esos contratos estaba formalmente firmado. Lo que existe son proyectos en proceso de autorización, de los cuales siete ya fueron aprobados por el Consejo de Administración de Pemex, y cuatro más están en etapa de validación.
Este desfase entre el discurso oficial y la realidad operativa ha generado inquietud en el sector energético, especialmente entre inversionistas y operadores privados que buscan claridad jurídica y financiera antes de comprometer capital y tecnología.
Los contratos mixtos son un nuevo esquema de colaboración entre Pemex y empresas privadas, en el que la petrolera estatal conserva al menos el 40% de participación en cada proyecto. A diferencia de las rondas petroleras de la reforma energética de 2013, estos contratos no implican cesión de bloques ni producción compartida. El socio privado aporta capital, tecnología y operación, mientras Pemex mantiene el control estratégico y comercializa los hidrocarburos.
Este modelo busca reactivar campos maduros, pozos cerrados y áreas de difícil acceso, sin comprometer la soberanía energética ni la propiedad estatal de los recursos.
La cartera inicial contempla 21 proyectos: nueve en aguas someras, nueve en tierra y tres en aguas profundas. Entre los más relevantes están:
Pemex estima que los contratos mixtos podrían aportar 93 mil barriles diarios en 2026, y alcanzar su máximo en 2033 con 450 mil barriles diarios, lo que representaría 25% de la producción nacional. Esta meta está incluida en el Plan Estratégico 2025–2035, que busca estabilizar la producción base y compensar la declinación natural de los campos maduros.
Aunque el gobierno ha mencionado que hay empresas interesadas, no se han revelado los nombres de los socios ni los términos de los contratos. Se sabe que hay 14 postores, entre ellos compañías mexicanas como Jaguar, Diavaz y Carso Energy, y extranjeras como Geopark, Harbour Energy y Sinopec. Sin embargo, las grandes petroleras internacionales han mostrado poco interés, debido a los bajos márgenes fiscales, la falta de transparencia y el riesgo operativo.
Más allá de los números, lo que está en juego es la credibilidad del nuevo modelo energético. Si los contratos no se formalizan pronto, y si no se garantiza transparencia en su adjudicación, el esquema podría convertirse en una simulación administrativa sin impacto real en la producción.
Pemex necesita liquidez urgente, con una deuda que supera los 100 mil millones de dólares, y pasivos con proveedores por otros 22 mil millones. Los contratos mixtos prometen captar 8 mil millones de dólares en inversión privada, pero esa promesa depende de que los acuerdos se concreten y se ejecuten con eficiencia.
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