En el Congreso Internacional de Energía 2025, especialistas de Francia, Guatemala y Países Bajos coincidieron: México tiene un potencial energético excepcional —renovables, gas natural, uranio y bioenergía—, pero las inversiones seguirán contenidas mientras no haya seguridad jurídica, certidumbre regulatoria y políticas públicas de largo plazo. Este análisis premium de AI Regula Solutions explica qué está en juego, qué enseñanzas dejan otros país
En Tampico, frente a un auditorio lleno de funcionarios, desarrolladores e inversionistas, el mensaje fue tan simple como incómodo: México tiene un potencial energético que muchos países envidiarían, pero hoy no ofrece el nivel de seguridad jurídica ni la certidumbre regulatoria que grandes capitales exigen para comprometer miles de millones de dólares a 20 o 30 años.
En el Congreso Internacional de Energía 2025, voces de Francia, Guatemala y Países Bajos convergieron en la misma idea. México aparece en los mapas internacionales como país clave en renovables, gas natural, uranio y bioenergía; sin embargo, arrastra una reputación reciente de proyectos detenidos, cambios de reglas en marcha y disputas regulatorias que dejaron cicatrices en el sector privado. La combinación es paradójica: una geología, un recurso solar y una posición geográfica que gritan oportunidad, y un entorno institucional que invita a la cautela.
Emmanuel Braun, consejero de Desarrollo Sostenible de la Embajada de Francia en México, lo sintetizó en una frase que resonó en los pasillos: el problema ya no es demostrar que México tiene recursos, sino que las empresas crean que aquí sus proyectos no quedarán atrapados entre cambios legales, permisos inciertos o señales contradictorias. El capital, hoy, no está discutiendo si hay sol, viento, gas o uranio; está discutiendo si hay reglas y árbitros confiables.
Detrás de esa advertencia hay elementos muy concretos. México ya es un país nuclear, con una central como Laguna Verde que enfrenta decisiones críticas de modernización, extensión de vida útil y eventual desmantelamiento. Al mismo tiempo, el Servicio Geológico Mexicano ha estimado alrededor de 160 mil toneladas de uranio como recurso potencial, lo que abre una ventana técnica para una ruta nuclear más robusta en las próximas décadas. De forma paralela, el país ha comenzado a financiar estudios sobre minerales radiactivos en zonas del norte, con la vista puesta en futuras aplicaciones en la industria eléctrica y nuclear.
Si México quisiera aprovechar de verdad esa carta, tendría que hacer algo que hoy no está resuelto: definir una política nuclear de Estado, con objetivos claros, un cronograma público para Laguna Verde, criterios de seguridad alineados con mejores prácticas y un ecosistema regulatorio capaz de acompañar tecnologías nuevas como los reactores modulares avanzados, que varios países ven como pieza complementaria de sistemas dominados por renovables hacia 2030–2040. Sin esa hoja de ruta, el dato del uranio queda como curiosidad estadística, no como argumento bancable.
Algo similar ocurre del lado de las renovables y el gas. El país acumula una cartera de proyectos eólicos, solares y de gas natural que, sobre el papel, podrían catapultarlo a una posición de liderazgo en la región. Planes oficiales hablan de decenas de gigawatts nuevos y de inversiones masivas en redes y generación en el horizonte 2025–2030. Pero los inversionistas han aprendido a preguntarse no solo qué dice el plan, sino quién lo ejecuta, con qué reglas y con qué estabilidad institucional. Las reformas legales de los últimos años reforzaron el papel de las empresas estatales y alteraron el marco que conocían muchos actores privados; para una parte importante del mercado, la prioridad hoy es saber si el nuevo arreglo será consistente, predecible y aplicable en tribunales.
En ese contexto, la “prudencia” del sector privado a la que aluden los panelistas no es una postura ideológica, sino una lectura de riesgo: cuando ya viviste proyectos cancelados, permisos revocados o reglas reescritas sobre la marcha, la exigencia de certezas se vuelve condición mínima, no un lujo.
Aida Lorenzo de Juárez, desde la experiencia de la Asociación de Combustibles Renovables de Guatemala, puso sobre la mesa una lección que México tiende a subestimar: no basta con proclamar metas de transición energética; la inversión solo llega cuando las reglas para cumplirlas son claras, estables y ejecutables. Guatemala, con una matriz mucho más pequeña que la mexicana, logró abrir un mercado eléctrico privado con normativas conocidas, licitaciones repetibles y un marco de competencia que, con todas sus imperfecciones, genera una expectativa razonable de trato parejo.
En bioenergía y biocombustibles, la observación es todavía más incisiva. México tiene abundancia de residuos agrícolas, potencial para biogás, bioetanol y biodiésel, así como condiciones para proyectos de bioenergía moderna que reduzcan emisiones en transporte e industria. Pero sin mandatos claros, señales de precios y reglas de sostenibilidad transparentes, ese potencial se queda en presentaciones de congreso. En Guatemala, la decisión de articular políticas a largo plazo para el sector permitió atraer inversión privada y consolidar un mercado donde los jugadores saben qué se espera de ellos, por cuánto tiempo y bajo qué reglas.
El tercer ángulo vino de la mano de Cesar Vera Méndez, de Holland House México, al comentar el modelo de Países Bajos y, en particular, el papel del puerto de Rotterdam como hub de energía e hidrógeno para Europa. Mientras México sigue debatiendo si quiere ser exportador de energéticos limpios o limitarse a abastecer su demanda interna, Países Bajos ya construye infraestructura física, regulatoria y financiera para importar, transformar y redistribuir hidrógeno y otros vectores energéticos hacia el continente.
La pregunta que dejó en el aire no fue retórica: si un país con menos sol, menos viento y sin la posición geográfica de México puede aspirar a ser hub energético regional, ¿qué le impide a México jugar un rol similar hacia Norteamérica y Centroamérica? La respuesta vuelve a la misma tríada: seguridad jurídica, certidumbre regulatoria y políticas públicas coherentes con el mensaje que se da al mundo.
En México, el discurso oficial reconoce la importancia de la transición energética, de la justicia energética y de la inversión en infraestructura eléctrica y gasífera. Hay planes, programas y anuncios de corredores estratégicos y de cooperación internacional.panelistas subrayaron en Tampico es que el siguiente paso ya no es redactar más discursos, sino ordenar el “software” institucional del sector:
Que los permisos, contratos y autorizaciones se tramiten con plazos y criterios verificables.
Que los cambios legales no reescriban, de repente, las reglas del juego de proyectos multimillonarios.
Que las instituciones encargadas de regular, supervisar y planear no se conviertan en campo de disputa permanente, sino en referentes técnicos respetados.
Que las decisiones sobre nuclear, bioenergía, hidrógeno, gas y renovables se articulen en una visión de portafolio y no en una suma de ocurrencias.
Vista desde la óptica de AI Regula Solutions, la discusión no es solo política, sino profundamente operativa. Sin datos confiables, sin trazabilidad regulatoria y sin procesos digitalizados que permitan anticipar riesgos, la transición energética mexicana seguirá atrapada entre el potencial geológico y la desconfianza institucional.
Los expertos que hablaron en el Congreso dejaron un mensaje que va más allá de la coyuntura: México no necesita que el mundo le recuerde que tiene sol, viento, gas, uranio y biomasa; necesita demostrar, con hechos y no solo con paneles, que sabe convertir esos activos en proyectos bancables bajo reglas claras. Cuando eso ocurra, el país dejará de vender únicamente la promesa de su potencial y empezará a negociar, en mejores términos, el precio de su energía y el tipo de desarrollo que quiere financiar con ella. Mientras tanto, la verdadera pregunta de los inversionistas seguirá siendo la misma: no qué tanto recurso hay bajo el suelo o en el viento, sino qué tan firme es el suelo regulatorio sobre el que se quieren parar.
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