Por Redacción
La constante incertidumbre regulatoria en el sector energético mexicano ha frenado inversiones y puesto en riesgo miles de empleos. Expertos advierten consecuencias a largo plazo.
El panorama no podría ser más claro: México está pagando caro su vaivén en política energética. Lo que comenzó como un prometedor escenario de apertura con la reforma de 2013, hoy se ha convertido en un laberinto regulatorio que ahuyenta inversiones y frena el desarrollo de proyectos clave. Los números hablan por sí solos: la inversión extranjera directa en energía cayó un 38% entre 2018 y 2024, según datos de la Secretaría de Economía.
El problema de fondo va más allá de las cifras. Como señala Jesús Carrillo, reconocido especialista en energía, "el sector eléctrico vive una parálisis regulatoria que afecta especialmente a las renovables". Los ejemplos sobran: contratos de interconexión postergados, información energética menos transparente y un órgano regulador que cambia las reglas del juego a mitad del partido.
En hidrocarburos, la situación es igual de preocupante. Las rondas petroleras —mecanismo clave para adjudicar áreas de exploración— fueron abandonadas, llevándose consigo miles de millones en inversión potencial. El caso del megacampo Zama es emblemático: descubierto por Talos Energy, terminó en manos de Pemex tras una polémica reasignación que terminó por enviar un mensaje negativo a los inversionistas internacionales.
Pero quizás el golpe más duro viene del frente judicial. La reciente reforma al Poder Judicial ha sembrado dudas sobre la existencia de un árbitro independiente en disputas energéticas. "Perdimos el contrapeso natural frente a las decisiones del Ejecutivo", advierte un alto directivo del sector que prefiere mantener el anonimato.
Las consecuencias de esta tormenta perfecta son tangibles: menos empleos, menor crecimiento económico y un riesgo creciente de quedar fuera de la relocalización industrial que está transformando las cadenas globales de valor. Como bien señala Carrillo, "el sector energético es precursor de toda la economía. Sin electricidad confiable, no hay manufactura, no hay agroindustria, no hay digitalización".
El camino a seguir no es sencillo, pero sí claro: México necesita urgentemente recuperar la confianza de los inversionistas mediante reglas claras, certidumbre jurídica y una visión de largo plazo que trascienda los ciclos sexenales. El costo de no hacerlo podría pagarse durante generaciones.
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