Más de 100 mil instalaciones clandestinas de autoconsumo de combustibles operan sin permisos ni trazabilidad en México, alimentando una red que combina contrabando, huachicol fiscal y competencia desleal. Este análisis explica cómo afecta a gasolineras formales, recaudación, seguridad industrial y qué cambios regulatorios se vienen.
El mercado clandestino de combustibles dejó de ser una anécdota marginal y se convirtió en un sistema paralelo. Hoy, estimaciones privadas y sectoriales hablan de más de cien mil instalaciones de autoconsumo y patios industriales que almacenan y distribuyen gasolinas y diésel sin permiso, sin controles volumétricos y sin trazabilidad fiscal.
Lo que comenzó como una solución logística para flotas de transporte y empresas con alto consumo energético terminó derivando en un ecosistema opaco. Talleres mecánicos, patios de tractocamiones, obras de construcción, minas, agroindustrias y pequeñas bases de operación cuentan con tanques que se instalan, amplían y operan al margen de la regulación. La oferta de “soluciones llave en mano” para montar tanques, bombas y sistemas de despacho sin acompañamiento regulatorio hizo el resto: la barrera de entrada al mercado clandestino es baja y el incentivo económico es alto.
El diferencial de precio lo explica todo. En muchas regiones, el combustible vendido desde estos patios irregulares se ofrece hasta un peso por litro por debajo de los precios oficiales de las estaciones formales. Cuando se multiplica por miles de litros diarios en flotas completas de transporte, la tentación es enorme. El resultado es que parte del consumo de autotransporte, construcción y servicios logísticos migró a esta red gris, debilitando la base de clientes corporativos de las gasolineras reguladas.
No se trata solo de litros que se mueven “por fuera”, sino de un canal que facilita la entrada de combustible robado o de contrabando. En paralelo al huachicol tradicional en ductos, el país vive el crecimiento de un huachicol fiscal sofisticado, que utiliza documentos falsos y operaciones aduaneras simuladas. Diversos análisis estiman pérdidas fiscales de decenas de miles de millones de pesos al año por esta modalidad, que termina mezclándose precisamente en estos patios de autoconsumo y redes irregulares.
El círculo se cierra con un dato incómodo: mientras el mercado formal opera bajo permisos, verificaciones y normas costosas, una porción creciente del combustible circula por canales donde nadie revisa calidad, seguridad ni impacto fiscal.
Debajo del atractivo del “descuento por fuera” hay costos que no se ven en la pizarra. El primero es la seguridad industrial. Muchos de estos patios clandestinos utilizan tanques sin especificaciones reconocidas, bases mal construidas, conexiones improvisadas y sistemas de bombeo sin protección. No hay estudios de riesgo, no hay planes de emergencia, no hay coordinación estructurada con protección civil. Basta recordar que un solo tanque mal instalado junto a una línea de trailers puede convertirse en un evento catastrófico en segundos.
El segundo costo es fiscal. El combustible que entra al país o sale de terminales con documentos alterados, subvaluado o reclasificado para evadir el IEPS deja un boquete para la hacienda pública. Estudios recientes estiman que la pérdida potencial de recaudación por huachicol fiscal ronda los cientos de miles de millones de pesos al año, sumando contrabando, subdeclaración y operaciones irregulares.
Ese dinero faltante no es abstracto. Se traduce en menos recursos para infraestructura, salud, educación o incluso para inversión directa en seguridad energética. Al mismo tiempo, obliga al gobierno a fiscalizar con mayor dureza a los contribuyentes formales, mientras las redes clandestinas siguen aprovechando vacíos regulatorios y debilidades locales en aplicación de la ley.
El tercer costo es competitivo. El dueño de una estación que invierte en tanques certificados, sistemas de medición, controles volumétricos, monitoreo ambiental y cumplimiento fiscal difícilmente puede competir contra quien compra combustible de origen dudoso, lo almacena en un patio improvisado y vende sin facturar ni reportar. En términos económicos, el mercado clandestino genera una “trampa de informalidad”: quien cumple pierde clientes; quien incumple gana volumen.
Ante este panorama, las autoridades han comenzado a cerrar la pinza regulatoria. En materia fiscal, se exige que cualquier esquema de autoconsumo utilice complementos de controles volumétricos y reporte movimientos de hidrocarburos sin importar el volumen. Desde la óptica energética, se refuerza el criterio de que el autoconsumo es una actividad regulada que requiere permiso, trazabilidad y sujeción a estándares de seguridad, independientemente del tamaño del tanque.
La realidad, sin embargo, es que el número de permisos emitidos es muy inferior al universo real de instalaciones. Informes recientes muestran que el otorgamiento de permisos de petrolíferos es limitado y se concentra en expendio al público, mientras miles de instalaciones de autoconsumo operan en la práctica sin regularización.
Si el mercado clandestino de combustibles creció hasta este punto fue porque combinación de incentivos y omisiones lo permitió. Para contenerlo, no bastan decomisos espectaculares ni operativos aislados. Se requiere una estrategia de tres capas.
La primera es trazabilidad integral. Eso implica cruzar datos de importaciones, movimientos en ductos, salidas de terminales, controles volumétricos, CFDI específicos y geolocalización de flotas. La tecnología ya existe; lo que falta es articulación entre autoridades fiscales, energéticas y de seguridad para detectar patrones anómalos y vincularlos con rutas de huachicol físico y fiscal.
La segunda es regularización inteligente. Forzar de un día para otro la clausura masiva de patios podría paralizar sectores completos de transporte y construcción. El reto es construir un esquema escalonado, con ventanas de regularización, criterios claros de seguridad mínima y sanciones progresivas. Quien quiera seguir operando deberá migrar hacia permisos de autoconsumo, controles volumétricos y cumplimiento básico. Quien se niegue, sabrá que su riesgo de auditoría y clausura aumenta de forma tangible.
La tercera es redefinir la ecuación de riesgo para el usuario final. Mientras el combustible clandestino parezca solo “un peso menos por litro” la demanda no desaparecerá. El mensaje debe ser otro: un siniestro en un patio clandestino pone en riesgo vidas, activos y continuidad de negocio, y la asociación con combustible ilegal abre flancos penales y fiscales que pueden destruir una empresa. El costo total del “ahorro” puede ser muy superior al descuento inicial.
En el fondo, el crecimiento del mercado clandestino es una prueba de estrés para la política energética y fiscal del país. Habla de la incapacidad del Estado para controlar de forma efectiva el flujo de combustibles, de la presión que soportan las gasolineras formales y de la creatividad de redes criminales y oportunistas. Corregir este rumbo implica usar lo mejor de la inteligencia regulatoria, la tecnología y la coordinación institucional.
AI Regula Solutions parte de una premisa clara: sin trazabilidad real, sin criterios técnicos consistentes y sin datos que conecten lo fiscal con lo operativo, la lucha contra el mercado clandestino será siempre reactiva. El desafío de los próximos años es transformar un sistema fragmentado en un ecosistema donde cada litro tenga historia, cada patio tenga permiso y cada peso de combustible vendido se refleje en seguridad, recaudación y competencia limpia. Solo así el combustible barato dejará de ser sinónimo de riesgo caro para el país.
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