Entre 2018 y 2024, el gobierno federal dejó de recaudar más de 809 mil millones de pesos por huachicol fiscal. Expertos advierten que no basta con decomisos: se requiere una estrategia integral que incluya supervisión aduanera, regulación y precios competitivos.
El llamado huachicol fiscal le ha costado al erario mexicano más de 809 mil millones de pesos entre 2018 y 2024, una cifra que supera casi al doble el costo de la refinería Dos Bocas. Así lo revela un análisis de la consultora PETROIntelligence, basado en datos oficiales que estiman que tres de cada diez litros de combustible vendidos en México provienen de esquemas ilegales de evasión fiscal.
Este fenómeno, que combina facturación falsa, corrupción en aduanas y autoconsumos sin permiso, ha crecido al amparo de decisiones como la cancelación de permisos privados de importación desde 2019, en un intento por favorecer a Pemex. A la par, se disparó el número de sistemas de autoconsumo no regulados: de más de 20 mil existentes, solo 350 cuentan con autorización oficial.
Especialistas como Alejandro Montúfar, director de PETROIntelligence, y Andrés Gutiérrez, expresidente de AMPES, coinciden en que los decomisos no bastan. Urgen una estrategia integral que incluya tecnología en aduanas, depuración institucional, regulación efectiva y campañas públicas que evidencien los daños del combustible ilegal.
El huachicol fiscal no solo erosiona la recaudación: limita la inversión pública, distorsiona el mercado energético y pone en riesgo la seguridad operativa de miles de empresas. Mientras tanto, el SAT sigue detectando esquemas como la importación simulada de lubricantes para evadir el pago del IEPS, que por litro puede superar los 7 pesos en el caso del diésel.
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