La CNE fijó precios máximos de Gas LP entre 18.17 y 22.96 pesos por kilo para la semana del 23 al 29 de noviembre de 2025. Te explicamos qué pasa en CDMX, Edomex, Tamaulipas, Baja California y Sinaloa, cómo opera el Acuerdo de precios máximos y por qué estos ajustes impactan a hogares, PYMEs y sectores intensivos en energía.
La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó los precios máximos de Gas LP aplicables del 23 al 29 de noviembre de 2025, consolidando un rango nacional que va de 18.17 a 22.96 pesos por kilogramo y de 10.16 a 11.76 pesos por litro, según la tabla oficial de precios máximos por región y modalidad de venta.
Detrás de estos números hay algo más que una simple actualización semanal: se trata de una de las principales herramientas de política pública para contener la volatilidad del mercado de Gas LP, en un contexto donde casi ocho de cada diez hogares mexicanos dependen de este combustible para cocinar y calentar agua. La lógica de precios máximos se apoya en el marco del Acuerdo A/023/2022, heredero del esquema originalmente emitido por la extinta CRE en 2021 para regular un mercado altamente concentrado y con antecedentes de conductas anticompetitivas.
La semana del 23 al 29 de noviembre sintetiza en una sola tabla las tensiones entre inflación energética, costos logísticos, márgenes comerciales y decisiones regulatorias que impactan directamente la factura de hogares, PYMEs y sectores intensivos en calor.
Para la Ciudad de México y buena parte del Estado de México, el precio máximo publicado por la CNE se ubica en 19.64 pesos por kilogramo y 10.61 pesos por litro, sin cambios respecto a la semana previa.
Esta aparente estabilidad tiene varias lecturas:
Para los hogares urbanos, significa que el tanque de 20 kilos se mantiene alrededor de los 393 pesos, una referencia crítica en plena temporada de mayor consumo de agua caliente.
Para restaurantes, comercios de barrio y pequeños servicios, implica cierta previsibilidad en sus costos operativos, aunque en un nivel todavía elevado en comparación con los niveles prepandemia.
Para empresas que operan dark kitchens, lavanderías o servicios de hospitalidad, el mantenimiento de la tarifa máxima reduce la probabilidad de ajustes inmediatos en listas de precios, pero mantiene la presión para mejorar eficiencia energética y renegociar contratos con distribuidores.
En el Valle de México, más que un “respiro”, la semana luce como una pausa en un escalón de precios que se ha consolidado en la franja alta de los 19–20 pesos/kg durante 2025.
En el extremo bajo del rango nacional, la publicación de la CNE confirma que Tamaulipas registra esta semana el precio máximo más bajo del país, con 18.17 pesos por kilogramo, seguido por Chihuahua (18.57 pesos/kg) y Coahuila (18.67 pesos/kg).
A primera vista, estos valores parecen una buena noticia para los hogares y negocios de la franja norte, pero el detalle está en la geografía regulatoria:
Los precios se fijan por región de distribución, no sólo por entidad, por lo que dentro del mismo estado pueden coexistir municipios con topes ligeramente distintos.
Tamaulipas combina zonas urbanas fronterizas con alta competencia de distribuidores y cercanía logística a terminales, y regiones más alejadas donde los costos de transporte afectan el margen disponible para descuentos comerciales.
En estados como Chihuahua y Coahuila, la dispersión territorial y las distancias entre plantas de distribución generan realidades muy distintas entre ciudades industriales y comunidades rurales.
Para el sector transporte, autotransporte de carga ligera y flotillas de reparto urbano, operar en estados con precios máximos más bajos ofrece una ventaja relativa. Sin embargo, los grandes consumidores de calor —principalmente industria y agroindustria— siguen sujetos a la variabilidad de contratos comerciales, escaladores y esquemas de suministro que rebasan el simple precio máximo semanal.
Del otro lado del espectro, la misma tabla de la CNE identifica a Loreto, Baja California como la región con el precio más alto del país, con 22.96 pesos por kilogramo, y a Angostura, Sinaloa, con 22.73 pesos/kg, como otra de las zonas con Gas LP más caro.
Estos niveles, cercanos al tope del rango nacional, reflejan:
Dependencia de logística marítima y carretera para abastecer regiones alejadas de los grandes nodos de almacenamiento.
Costos adicionales asociados a la operación de terminales costeras, manejo de cilindros y transporte a localidades pequeñas.
La ausencia de infraestructura alternativa —como redes de gas natural o calor de proceso— que permita reducir el peso del Gas LP en la canasta energética local.
Para los hogares de estos municipios, la diferencia frente a estados como Tamaulipas puede superar los 4 pesos por kilo, lo que, trasladado a un tanque de 30 o 45 kilos, implica varios cientos de pesos adicionales al mes. Para PYMEs turísticas, agroalimentarias o de servicios en zonas costeras, esos márgenes pueden traducirse en decisiones difíciles: subir precios, reducir personal o recortar otros gastos operativos.
El esquema de precios máximos de Gas LP no nació con la CNE. Su origen se remonta al Acuerdo A/023/2021, emitido por la entonces Comisión Reguladora de Energía (CRE), tras un diagnóstico de falta de competencia efectiva en la distribución de Gas LP y episodios de aumentos agresivos de precios al consumidor final.
Con la transición institucional hacia la Comisión Nacional de Energía y la reconfiguración de la arquitectura regulatoria en el sector, el mecanismo se actualizó mediante el Acuerdo A/023/2022, que hoy sirve de base para las tablas semanales de precios máximos por región y medio de venta.
En términos prácticos, esto significa:
La CNE publica cada semana los topes de precio por kilogramo y por litro, tanto para venta en cilindros como para gas estacionario.
Los distribuidores no pueden vender por encima de esos máximos, pero sí competir por debajo, vía descuentos comerciales o promociones.
La autoridad conserva la facultad de ajustar el esquema si detecta distorsiones de mercado, prácticas colusorias o desviaciones importantes respecto a los costos de referencia.
Para las empresas del sector, el mensaje es claro: el margen de maniobra comercial existe, pero está acotado por un techo regulatorio que combina objetivos de protección al consumidor con la necesidad de preservar la viabilidad económica de la cadena de suministro.
En el corto plazo, los rangos de 18.17 a 22.96 pesos/kg y 10.16 a 11.76 pesos/litro implican que el Gas LP sigue siendo un componente relevante de la inflación energética de los hogares, aunque sin los sobresaltos de años anteriores.
Sin embargo, el análisis por tipo de usuario revela matices importantes:
Hogares urbanos: tienden a comprar cilindros de 20 y 30 kilos, donde cualquier ajuste de 0.50–1 peso por kilo se traduce en alzas perceptibles en el gasto quincenal.
PYMEs de servicios (restaurantes, panaderías, lavanderías, hoteles pequeños): su demanda es menos elástica; un aumento sostenido de precios máximos presiona directamente los márgenes, especialmente en regiones turísticas de alta estacionalidad.
Sectores industriales que aún dependen de Gas LP: utilizan contratos y volúmenes mayores, pero están más expuestos a la interacción entre precios regulados, costos logísticos y negociaciones de largo plazo.
A esto se suma la estacionalidad: conforme se acerca el invierno, la demanda de Gas LP tiende a aumentar en ciertas regiones, lo que hace que los precios máximos de noviembre y diciembre sean una referencia crítica para el presupuesto energético de millones de familias.
Más allá de la tabla semanal, la CNE ha empezado a construir una capa de datos energéticos alrededor del Gas LP que resulta clave para analistas, empresas y gobiernos locales. En la plataforma de datos abiertos del gobierno federal, la Comisión ya publica volúmenes de Gas LP vendidos por planta de distribución, por cilindros y por entidad/municipio, así como bases de datos de volúmenes de venta de petrolíferos y memorias de cálculo de tarifas de suministro básico.
Esta infraestructura de información permite:
Cruzar precios máximos regulados con volúmenes reales de venta, identificando regiones donde el tope regulatorio no se traduce en mayor competencia.
Analizar la relación entre capacidad de infraestructura (plantas, rutas, terminales) y niveles de precio, para detectar cuellos de botella logísticos.
Diseñar estrategias de política pública focalizadas, por ejemplo, programas de sustitución de equipos ineficientes o apoyos a hogares vulnerables en regiones con precios sistemáticamente altos.
Para el mercado, el reto es convertir esta avalancha de datos en decisiones concretas de inversión, logística y diseño de contratos.
Para empresas que dependen de Gas LP —desde cadenas de restaurantes y hoteles hasta operadores de flotas de reparto y agroindustrias—, seguir únicamente la tabla de precios máximos de la CNE es insuficiente. Lo que necesitan no es sólo saber cuánto cuesta esta semana, sino entender:
Cómo se mueven los precios por región a lo largo del año.
Qué municipios concentran los picos de precio y dónde aparecen oportunidades de renegociación.
Cómo interactúan los precios del Gas LP con otras variables energéticas, como tarifas eléctricas, precios de gas natural o ajustes en petrolíferos.
Aquí es donde entra la capa analítica:
Con EnergiA, la plataforma de IA Regulatoria de AI Regula Solutions, puedes monitorear en tiempo casi real los precios máximos de Gas LP por región, cruzarlos con datos de consumo y rutas logísticas, y simular escenarios de costo para tus operaciones de 2025–2026.
Desde un panel único, EnergiA te ayuda a identificar regiones de alto riesgo de costo, ajustar tu estrategia de compras y anticipar el impacto de la regulación de precios en tus márgenes.
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