
Un juez federal concedió amparo a Iberdrola contra la multa de 9,145 mdp por “venta ilegal” de electricidad. Te explicamos qué resolvió, qué implica para el nuevo regulador y cómo cambia el tablero del mercado eléctrico.
Un juez federal concedió amparo a Iberdrola y tiró la resolución que le impuso una multa récord de 9,145 millones de pesos por supuesta venta ilegal de electricidad bajo el esquema de autoabasto. La autoridad deberá emitir una nueva resolución, pero ahora corrigiendo violaciones de legalidad y debido proceso. En un sector que atravesó una reforma institucional de fondo, el fallo reordena el tablero regulatorio y deja lecciones para empresas y gobierno.
El juzgador reclamó falta de exhaustividad en la resolución sancionatoria original, prohibió sancionar por analogía y cerró la puerta al uso de pruebas obtenidas de forma ilegal, además de reconocer el derecho a no autoincriminarse. Traducción práctica: la autoridad debe revaluar el caso con motivación completa, fundar cada infracción en norma aplicable y limpiar el expediente de evidencias viciadas antes de decidir si sanciona otra vez o archiva.
Tras la reforma energética reciente, el caso ya no lo ve la extinta CRE, sino la Comisión Nacional de Energía (CNE), que puede:
Apelar la sentencia en tribunales colegiados (o buscar que el asunto escale).
Reponer procedimiento y emitir nueva resolución en los términos marcados por el juez.
Para cualquiera de las dos rutas, la nueva autoridad necesita expedientes blindados, tipificación clara de cada conducta y trazabilidad probatoria. Si decide rehacer el caso, el estándar será alto: cada hecho, cada documento y cada argumento deberán cerrar bien.
Legados y transición: el fallo acota márgenes para sancionar conductas de autoabasto legado sin base normativa cerrada. Las empresas deberán revisar contratos, padrones de socios, topologías de carga y cumplimientos con lupa.
Debido proceso como regla: en un entorno con nuevo regulador, la legitimidad de sanciones depende de expedientes impecables y respuesta fundada a cada defensa.
Iberdrola post-venta: tras vender 13 plantas al Estado en 2024 y el resto de sus activos a Cox en 2025, el litigio siguió su curso; el amparo reconfigura riesgos para el adquirente y despeja pasivos potenciales ligados a esa multa.
Señal a inversionistas: más allá del desenlace final, el mensaje es que la vía judicial sí corrige cuando hay exceso regulatorio. Para el gobierno, la tarea es calibrar la aplicación de la política energética con seguridad jurídica.
Decidir la táctica: apelar o reponer; no hay espacio para tiempos muertos.
Limpieza probatoria: excluir evidencias viciadas y reconstruir los hechos con fuentes lícitas y peritajes técnicos.
Tipificación quirúrgica: si hay sanción, que sea por conductas expresas y cuantificadas (qué, cuándo, cuánto y cómo afectó al mercado/usuarios).
Defensa anticipada: responder todo lo alegado por la empresa, con exhaustividad y economía argumental.
Señal regulatoria: publicar criterios orientadores para casos similares (legados, transición a nuevas figuras de suministro), evitando zonas grises.
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