El gobierno de Tamaulipas crea Gasolinas Bienestar Tamaulipas, una marca estatal que busca competir en el mercado con combustibles certificados, litros completos y verificación independiente. Conoce su modelo y metas.
Tamaulipas ha decidido intervenir directamente en el mercado de combustibles mediante la creación de su propia marca de estaciones de servicio: Gasolinas Bienestar Tamaulipas. La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Energético del estado, busca garantizar combustibles certificados, litros completos y un abasto confiable, en un contexto donde las autoridades locales carecen de facultades regulatorias sobre los permisionarios privados.
La decisión del gobierno estatal no es menor. En palabras de Walter Julián Ángel Jiménez, titular de la dependencia y excomisionado de la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE), la medida responde a una realidad jurídica: los estados no pueden obligar a las estaciones privadas a cumplir con estándares de calidad o volumen, ya que esa atribución recae exclusivamente en instancias federales como la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
“Lo que sí podemos hacer es competir. Y lo haremos con una propuesta que ponga la confianza y la verificación en el centro del modelo”, afirmó Jiménez.
El plan contempla iniciar operaciones con cuatro estaciones antes de que finalice 2025. Tres de ellas ya existen y cambiarán de bandera; la cuarta será una nueva incorporación. Todas operarán bajo un esquema de verificación independiente: se firmará un convenio con un laboratorio certificado que realizará pruebas periódicas de calidad, cuyos resultados serán públicos.
Además, se establecerán acuerdos con terminales de almacenamiento para asegurar el suministro, una medida que busca evitar los cuellos de botella logísticos que han afectado a estaciones privadas en el estado.
Aunque inicialmente se comercializará gasolina Pemex, el modelo está abierto a otros proveedores, siempre que cumplan con los estándares técnicos y legales. “La marca no será sinónimo de dependencia, sino de certeza operativa”, subrayó el funcionario.
Tamaulipas cuenta actualmente con 605 estaciones con permiso vigente, según datos de PetroIntelligence. El objetivo del gobierno estatal es alcanzar entre 10% y 15% del mercado local durante los tres años restantes de la actual administración. Esto implicaría operar entre 60 y 90 estaciones bajo la nueva marca, lo que posicionaría a Gasolinas Bienestar Tamaulipas como un actor relevante en el ecosistema energético regional.
Desde la apertura del mercado en 2016, México ha visto la entrada de 388 marcas de estaciones de servicio, pero también una creciente concentración en manos de Pemex, que mantiene más de 8,700 estaciones. A pesar de la diversificación, la supervisión efectiva sigue siendo un reto: más de 23,000 permisos deben ser monitoreados por autoridades federales con capacidades limitadas.
En este contexto, la propuesta tamaulipeca representa una alternativa: una marca pública que se audita a sí misma, sin subsidios ni excepciones regulatorias.
Jiménez reconoce que el problema no radica en la falta de normas, sino en su implementación. Cita la NOM-016-CRE-2016, que regula la calidad de los combustibles, como un instrumento técnicamente sólido, pero con deficiencias en su vigilancia. “No basta con confiar en los reportes de los permisionarios. Hay que verificar, medir, auditar. Y eso es lo que vamos a hacer”, afirmó.
El modelo propuesto busca romper con la lógica de la autorregulación pasiva y establecer un estándar más alto de transparencia y rendición de cuentas en el expendio de combustibles.
La creación de Gasolinas Bienestar Tamaulipas no es solo una estrategia comercial, sino una apuesta institucional por recuperar el control sobre un servicio esencial. En un entorno donde la vigilancia federal es insuficiente y la confianza del consumidor está erosionada, el estado propone un modelo replicable: estaciones auditables, calidad verificable y abasto garantizado.
Si logra consolidarse, esta iniciativa podría sentar un precedente para otros gobiernos locales que buscan incidir en mercados estratégicos sin violar el marco legal vigente. La clave estará en su ejecución, su transparencia y su capacidad para sostener estándares más altos que los del mercado.
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