La FGR definirá sanciones tras la explosión de una pipa de Tomza en Iztapalapa. Conoce los riesgos, medidas urgentes y el impacto para la industria gasera.
La explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, dejó un saldo devastador: al menos seis personas fallecidas, más de 90 lesionadas y daños materiales que paralizaron una de las principales arterias de la Ciudad de México. El incidente, protagonizado por una unidad de Transportadora Silza, filial de Grupo Tomza, ha encendido las alarmas sobre la seguridad en el transporte de combustibles y la supervisión regulatoria.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de determinar si habrá sanciones contra la empresa, tras concluir las investigaciones periciales. “La ley establece que no solo se trata de sancionar, sino de garantizar que esto no vuelva a ocurrir”, subrayó la mandataria.
El siniestro ocurrió cuando la pipa, con capacidad para 49,500 litros de gas LP, volcó y liberó una nube inflamable que detonó segundos después, generando una onda expansiva que alcanzó vehículos, transporte público y peatones. La magnitud del estallido obligó a cerrar la autopista México–Puebla, la Calzada Ignacio Zaragoza y suspender el servicio en el Metro, Cablebús y Trolebús.
Más allá del impacto inmediato, el caso expone fallas estructurales en la cadena de seguridad:
El gobierno federal instruyó a la Secretaría de Energía, la ASEA y la Comisión Nacional de Energía (CNE) a reforzar la supervisión del transporte de gas LP. Entre las acciones en análisis:
Estas medidas buscan cerrar brechas que han permitido operar a empresas con protocolos deficientes, poniendo en riesgo a la población.
El accidente no solo dejó víctimas humanas; también afectó la movilidad, el comercio local y la confianza en la industria gasera. Expertos advierten que la falta de cumplimiento normativo puede derivar en sanciones millonarias, suspensión de permisos e incluso responsabilidad penal corporativa. Para los consumidores, el caso reabre la discusión sobre la trazabilidad del gas LP y la necesidad de exigir transparencia a las empresas que abastecen un combustible del que dependen más del 70% de los hogares mexicanos.
La FGR y la Fiscalía capitalina realizan peritajes para determinar las causas exactas del siniestro y deslindar responsabilidades. Mientras tanto, la empresa ha prometido colaborar con las autoridades y cubrir los daños a las víctimas. Sin embargo, el desenlace legal y las reformas regulatorias que surjan de este caso marcarán un precedente para todo el sector energético.
Todos los campos son obligatorios *
Escríbenos a
[email protected]
