Nueva Ley del Sector Eléctrico: riesgos y oportunidades para México

La Ley del Sector Eléctrico redefine el mercado: CFE concentra 54% de generación, se impulsa el autoconsumo y cambian las reglas para privados.

Desde marzo de 2025, México opera bajo un nuevo marco regulatorio con la entrada en vigor de la Ley del Sector Eléctrico (LSE), que redefine la forma en que se genera, distribuye y consume energía en el país. El objetivo declarado es garantizar “justicia energética”, reducir desigualdades y fortalecer la soberanía nacional. Sin embargo, la norma también concentra en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un papel dominante: 54% mínimo de la generación nacional, exclusividad en el suministro básico y preferencia en el despacho eléctrico.

Este rediseño ocurre en un contexto desafiante: la demanda eléctrica crecerá de 351 mil GWh en 2023 a 435 mil GWh en 2030, impulsada por el nearshoring, la digitalización y la electrificación industrial. La pregunta es si la nueva ley será un catalizador para la transición energética o un obstáculo para la competencia y la innovación.

Claves de la nueva ley

Prevalencia estatal: CFE mantiene control sobre transmisión, distribución y suministro básico, y asegura al menos 54% de la generación.
Planeación vinculante: la Secretaría de Energía define el desarrollo del sistema eléctrico, condicionando permisos y proyectos privados.
Fin de las subastas obligatorias: el suministro básico ya no está obligado a contratar energía mediante subastas de largo plazo.
Impulso al autoconsumo: se eleva el umbral de generación distribuida a 0.7 MW y se formaliza el autoconsumo hasta 20 MW, con trámites simplificados.
Creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE): órgano regulador que sustituye a la CRE, con facultades para permisos, tarifas y supervisión del mercado.

Oportunidades: democratización y eficiencia

La ley abre espacio para modelos descentralizados:

Generación distribuida: en 2024 se instalaron 4.4 GW, un crecimiento del 50% anual. Con el nuevo umbral, techos solares industriales y comerciales podrán escalar sin trámites complejos.
Autoconsumo empresarial: parques industriales y grandes corporativos podrán instalar hasta 20 MW para consumo propio, reduciendo costos y emisiones.
Incentivos fiscales: esquemas como Tax Equity Solar permiten deducir hasta el 100% de la inversión en el primer año, convirtiendo la energía limpia en un activo financiero atractivo.

Riesgos: concentración y falta de certidumbre

Centralización excesiva: la preferencia a CFE en el despacho puede desplazar proyectos renovables privados más eficientes, afectando la competitividad.
Incertidumbre regulatoria: la eliminación de subastas y la dependencia de permisos condicionados pueden frenar inversiones estimadas en 5,000 millones de dólares entre 2025 y 2027.
Cuellos de botella en transmisión: México necesita 15,000 km de nuevas líneas para integrar renovables y atender la demanda industrial. Sin esta infraestructura, el autoconsumo será la única vía para aliviar la presión.

Tendencias que marcan el rumbo

Consolidación de jugadores: la compra de 15 plantas de Iberdrola por Cox Energy (2.6 GW, 4,200 mdd) refleja el reacomodo del mercado ante las nuevas reglas.
Alianzas público-privadas: los esquemas de inversión mixta, con participación mayoritaria de CFE, serán clave para proyectos de gran escala.
Innovación financiera: modelos como leasing solar y Power Purchase Agreements (PPAs) siguen vigentes para empresas que buscan energía limpia sin comprometer capital.

¿Qué significa para empresas y ciudadanos?

Empresas: oportunidad para reducir costos con autoconsumo y almacenamiento, pero con retos en permisos y financiamiento.
Usuarios domésticos: la CFE seguirá garantizando tarifas reguladas, aunque la presión sobre subsidios podría limitar inversiones en modernización.
Inversionistas: el mercado ofrece nichos rentables en generación distribuida, almacenamiento y eficiencia energética, pero exige estrategias adaptadas al nuevo marco legal.

El gran desafío: infraestructura y gobernanza

Para que la LSE sea un motor de transición energética, México debe:

Acelerar la expansión de la Red Nacional de Transmisión: el plan 2025-2030 contempla 275 nuevas líneas y 524 subestaciones, con una inversión de 8,177 millones de dólares.
Definir reglas claras para interconexión y permisos: tiempos y criterios transparentes son esenciales para atraer capital.
Garantizar equilibrio entre soberanía y competencia: la justicia energética no debe traducirse en barreras que frenen la innovación.