Por Redacción
El informe de la CNDH señala la falta de debida diligencia de Pemex en la explosión de 2019 en Tlahuelilpan, que dejó 137 muertos y 81 heridos.
A más de seis años de la explosión que conmocionó al país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó un informe especial que responsabiliza a Petróleos Mexicanos (Pemex) por la “indiscutible falta de debida diligencia” en la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde murieron 137 personas y 81 resultaron heridas.
La tarde del 18 de enero de 2019, en el poblado de San Primitivo, un chorro de combustible emergió de una toma clandestina en el ducto Tuxpan-Tula. Decenas de habitantes se acercaron para recolectar gasolina. Minutos después, una explosión convirtió el lugar en una llamarada. El informe de la CNDH describe cómo los protocolos de seguridad fueron insuficientes y las advertencias sobre el robo de hidrocarburos no se atendieron con la urgencia requerida.
La comisión documenta fallas recurrentes en tres frentes:
Mantenimiento de ductos: inspecciones esporádicas que no detectaron el deterioro en el tramo de 14 pulgadas.
Prevención del huachicol: ausencia de sellos inmediatos y monitoreo tardío tras reportes de presión anómala.
Coordinación interinstitucional: comunicación fragmentada entre Pemex, autoridades locales y fuerzas de seguridad la tarde de la emergencia.
Entre las víctimas fatales hubo padres de familia, jóvenes y trabajadores agrícolas. Muchas familias siguen esperando indemnización total por gastos médicos, rehabilitación y daños morales. Las secuelas físicas —desde quemaduras severas hasta discapacidades permanentes— han empeorado la precariedad económica en la región.
La CNDH solicita a Pemex:
Crear un plan de reparación integral para las víctimas.
Fortalecer la vigilancia de ductos con tecnologías de detección temprana.
Impulsar campañas comunitarias sobre riesgos del robo de combustible.
Establecer indicadores de cumplimiento auditados externamente.
Además, pide a la Secretaría de Energía y a la Guardia Nacional coordinar estrategias de seguridad energética que eviten nuevos incidentes.
Pemex dispone de 30 días para presentar un cronograma de acciones correctivas. Organizaciones civiles anticipan que, de no cumplirse las recomendaciones, recurrirán a instancias internacionales de derechos humanos. La memoria de Tlahuelilpan permanece viva como recordatorio de que la seguridad industrial y el respeto a la vida deben anteponerse a la corrupción y la negligencia.
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