La extinción de la CRE y la creación de la CNE generan incertidumbre sobre la supervisión energética en México. Casos como el de Engie exponen los riesgos de operar sin regulación autónoma.
La desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), oficializada en marzo de 2025 tras una reforma constitucional, marca un punto de quiebre en la supervisión energética del país. La extinta CRE era responsable de otorgar permisos, vigilar el cumplimiento de normas de seguridad, imponer sanciones y regular tarifas. Su sustitución por la Comisión Nacional de Energía (CNE), un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, ha encendido alertas entre expertos y actores del sector.
La preocupación no es abstracta. Empresas como Engie México, filial del grupo francés Engie, enfrentan acusaciones graves por negligencia en el manejo de gas natural. El caso más reciente ocurrió en Querétaro, donde Alonso Estrada, de 18 años, murió tras una explosión provocada por una fuga en su domicilio. Vecinos habían reportado el olor a gas días antes, pero la empresa no actuó. La revisión oficial se realizó seis días después, cuando Alonso ya estaba hospitalizado con quemaduras en el 60% de su cuerpo. Peritajes revelaron que la concentración de gas superaba el 20%, muy por encima del límite permitido por la norma oficial mexicana.
Este no es un hecho aislado. Desde 2022, se han documentado más de 340 fugas en ductos operados por Engie en Tamaulipas, incluyendo explosiones en Ciudad Madero y Matamoros que dejaron personas con quemaduras graves. A pesar de estos antecedentes, la empresa sigue operando con normalidad.
La extinción de la CRE deja un vacío regulatorio. Aunque la CNE comenzó a recibir trámites en junio de 2025, su alcance es limitado: no puede otorgar nuevos permisos ni modificar tarifas, y su estructura depende directamente de la Secretaría de Energía. Esto compromete su autonomía técnica y abre la puerta a decisiones políticas por encima de criterios de seguridad.
La ciudadanía queda expuesta. Las inversiones anunciadas por Engie —como la incorporación de 201 técnicos y 38 sensores de gas en Tamaulipas— llegan tarde y no compensan el daño causado por años de omisiones. La muerte de Alonso Estrada simboliza el abandono institucional y la impunidad con la que operan algunas empresas energéticas en México.
Sin una regulación firme, transparente y autónoma, las tragedias seguirán ocurriendo. Es urgente que el gobierno refuerce la supervisión energética, establezca mecanismos de fiscalización independientes y garantice que el gas natural no se convierta en una amenaza silenciosa para la población.
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