El acuerdo europeo para desarrollar 100 GW de eólica offshore revela una estrategia de seguridad energética basada en infraestructura eléctrica y reducción de dependencia de importaciones de gas.
Los gobiernos europeos que acordaron impulsar hasta 100 gigavatios de energía eólica offshore no están apostando únicamente por una agenda climática. La decisión surge de una experiencia reciente que dejó huella en la planeación energética del continente. La volatilidad en los flujos de gas, los episodios de precios extremos y la dependencia de rutas y proveedores externos transformaron la percepción del riesgo. En ese contexto, la eólica offshore se reinterpreta como un activo estratégico. No es solo generación limpia, sino capacidad instalada cercana a los centros de consumo, con perfiles de producción más estables que otras renovables y con potencial de integración directa a redes de alta tensión.
El despliegue de 100 gigavatios en el mar implica algo más profundo que turbinas y parques. Supone una expansión coordinada de redes eléctricas, interconexiones transfronterizas, sistemas de respaldo y mecanismos de despacho que permitan absorber grandes volúmenes de energía variable sin comprometer la confiabilidad. Europa está utilizando la infraestructura eléctrica como herramienta de política exterior, disminuyendo la exposición a decisiones geopolíticas ajenas y fortaleciendo su autonomía operativa.
Esta estrategia redefine la noción de seguridad energética. En lugar de centrarse exclusivamente en contratos de suministro de combustibles, el énfasis se desplaza hacia la capacidad instalada y la resiliencia del sistema. La eólica offshore, con altos costos iniciales pero bajos costos marginales, se convierte en un amortiguador frente a shocks externos. El mensaje implícito es que la inversión en generación y redes puede ser tan relevante como la diplomacia energética.
El contraste con México es revelador. Mientras Europa articula generación renovable, transmisión y mercado eléctrico bajo una lógica de seguridad regional, el sistema mexicano enfrenta limitaciones distintas. La planeación de largo plazo ha estado fragmentada, con menor coordinación entre expansión de generación y refuerzo de redes. Además, la dependencia de combustibles importados para generación eléctrica sigue siendo un factor estructural que condiciona la operación del sistema.
La diferencia no radica en recursos naturales, sino en enfoque institucional. Europa trata la infraestructura eléctrica como un componente estratégico de su soberanía energética. México, en cambio, ha mantenido una discusión más centrada en el control de activos que en la construcción de resiliencia sistémica. La comparación no sugiere replicar modelos, sino reconocer que la generación renovable a gran escala adquiere sentido pleno cuando se integra a una visión de seguridad y confiabilidad.
El pacto europeo de eólica offshore confirma que la transición energética está siendo utilizada como instrumento de poder y estabilidad. La infraestructura eléctrica deja de ser un tema técnico aislado y se convierte en una pieza central del tablero geopolítico. En ese marco, la experiencia europea ofrece una referencia sobre cómo la planeación energética puede trascender la política climática y convertirse en una estrategia de largo alcance.
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