Energía limpia retrocede en México: la eólica pierde terreno y la transición enfrenta un punto crítico

México atraviesa un momento decisivo en su transición energética. Aunque la generación renovable avanza, el ritmo es insuficiente para cumplir metas internacionales y garantizar competitividad. El dato más revelador: la energía eólica representó apenas 5.68% de la producción eléctrica en 2024, su nivel más bajo desde 2019, tras haber alcanzado 6.52% en 2021. La caída confirma un retroceso estructural que no se explica por tecnología, sino por entorno regulatorio y falta de planeación.

Las causas del freno

• Parálisis regulatoria: cancelación de subastas de largo plazo y negativa a otorgar permisos de generación e interconexión.
• Infraestructura insuficiente: ausencia de sistemas de almacenamiento y limitaciones en transmisión que impiden integrar megavatios verdes.
• Discurso político adverso: la narrativa que calificó a las renovables como “inestables” redujo su prioridad en la política energética.

El impacto es tangible: siete centrales eólicas terminadas permanecieron sin operar, con inversiones cercanas a 800 millones de dólares. Aunque algunas avanzan hacia su integración, el proceso sigue lento y condicionado por nuevas reglas.

¿Hay señales de reactivación?

El cambio de administración abre expectativas. El Plan de Expansión de la CFE 2025-2030 incluye siete nuevas centrales eólicas con capacidad total de 7,228 MW y una inversión estimada de 6,796 millones de dólares, previstas para 2027-2028. Sin embargo, la falta de calendarios claros y licitaciones concretas genera incertidumbre.

Lo que está en juego

• Competitividad: limitar la eólica afecta costos y diversificación de la matriz eléctrica.
• Cumplimiento climático: México arriesga sus compromisos internacionales si no acelera la incorporación de renovables.
• Confianza inversionista: sin certidumbre regulatoria, los proyectos seguirán detenidos.

La tecnología está lista, el capital existe y el recurso eólico es abundante. El verdadero desafío es institucional: definir reglas claras, garantizar interconexión y habilitar almacenamiento. La transición energética no puede depender de discursos; requiere planeación, inversión y gobernanza que conviertan la oportunidad en realidad.