20 minutos atrás
Hidrocarburos
Radiografía del caso Oro Negro: origen, modelo de jack-ups para Pemex, concurso de 2017, litigios en México/NY/Singapur, arbitraje inversionista 2018–2024 y el amparo perdido en 2025. Lecciones para el sector.
A inicios de la década pasada, un grupo de financieros mexicanos se propuso una misión simple de explicar y compleja de ejecutar: renovar la flota de plataformas de perforación de México. La estrategia se llamó Oro Negro y su promesa era quirúrgica: rentar plataformas jack-up “premium” a Pemex con mejor desempeño y disponibilidad que la oferta local de entonces. En el papel parecía impecable: activos nuevos, contratos en dólares, demanda asegurada. En la práctica, la historia devino en un caso emblemático de riesgo de concentración, financiamiento apalancado y política pública en transición.
Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro —con su operadora Perforadora Oro Negro— estructuró un andamiaje financiero internacional para adquirir cinco jack-ups y arrendarlos a Pemex bajo contratos de mediano plazo. Los nombres de esas unidades —Primus, Laurus, Fortius, Decus e Impetus— se convirtieron en sinónimo de “nuevo estándar” en aguas someras mexicanas. La empresa apostó por bonos senior asegurados emitidos en 2014 y vehículos en Singapur para segregar riesgos de propiedad y operación. El mensaje al mercado era claro: México podía atraer capital para modernizar su flota.
2012–2015. Llegan las primeras plataformas y se firman contratos de arrendamiento con Pemex. El negocio crece y se refinancia con bonos internacionales respaldados por las rentas de los contratos.
2014–2016. La caída del precio del crudo aprieta márgenes. Pemex revisa tarifas y volúmenes; Oro Negro entra en zona de tensión por apalancamiento elevado y concentración de cliente.
Septiembre–octubre de 2017. La empresa acude a concurso mercantil en México; casi en paralelo, Pemex comunica la terminación anticipada de la mayoría de contratos. Estalla un pleito multi-jurisdiccional: México (concurso y nulidades), Nueva York (bonistas), Singapur (propiedad/administración de rigs) y demandas cruzadas.
2018–2021. Bonistas y acreedores buscan ejecutar garantías; los administradores y accionistas alegan interferencia del Estado. Inicia un arbitraje inversionista-Estado promovido por accionistas extranjeros de Oro Negro.
2022–2024. El tribunal arbitral internacional desestima las reclamaciones de expropiación y corrupción alegadas por los inversionistas y México obtiene el laudo a favor. Se consolidan sentencias mexicanas que validan la actuación administrativa y fiscal.
Agosto 2023 – septiembre 2025. En sede contencioso-administrativa se confirma la validez de la terminación de 2017 y, ya en septiembre de 2025, un Tribunal Colegiado niega el amparo a Perforadora Oro Negro: no hay indemnización millonaria y se cierra la vía más relevante que buscaba revertir los efectos de 2017.
Más allá del ruido, el núcleo del caso fue una fractura contractual en un contexto de choque de precios y revisión de portafolio de Pemex. Oro Negro sostuvo que la petrolera forzó condiciones inviables y que la terminación fue arbitraria; las autoridades y tribunales validaron que hubo causas administrativas y contractuales para concluir los servicios. En paralelo, acreedores financieros presionaron por la recuperación de las plataformas y de los flujos de renta. La batalla legal no solo fue por “quién debía a quién”, sino por quién tenía derecho a controlar los activos y en qué jurisdicción.
Activos intensivos en capital. Jack-ups nuevos, costosos y con vida útil larga.
Cliente único. Dependencia casi total de Pemex: ventaja al inicio, riesgo existencial si cambiaban tarifas, demanda o criterios técnicos.
Deuda en moneda dura. Bonos internacionales atados a ingresos en dólares; cuando el flujo se interrumpe, el castillo financiero queda expuesto.
Estructura internacional. SPVs en Singapur dueños de los rigs, operación en México; diseño válido, pero complejiza la insolvencia y la defensa de garantías.
Concurso mercantil 2017. Reconoció la situación de insolvencia y activó protecciones locales, limitadas territorialmente.
Juzgados en NY y Singapur. Disputas sobre bonos, control corporativo y propiedad de rigs; decisiones cautelares para congelar movimientos y preservar activos.
Contencioso mexicano (2023–2025). Se convalidó la terminación de contratos de 2017 y se negó el amparo que buscaba indemnizaciones.
Arbitraje inversionista-Estado (laudo 2024). México ganó: no hubo expropiación ni violación de estándares de trato que ameritaran compensación.
Concentración de cliente es riesgo sistémico. Un portafolio de un solo offtaker —por sólido que parezca— no es bancable en ciclos largos.
Cláusulas de terminación importan más que la tarifa. El “pequeño” anexo administrativo define cómo muere un contrato bajo estrés.
Gobernanza de SPVs y bonos. Si el flujo de caja colapsa, los acreedores buscarán jurisdicciones con tracción rápida para ejecutar garantías; el sponsor debe anticiparlo en los pactos.
Compliance como seguro. En arbitrajes, alegatos de pay-to-play sin pruebas sólidas no sobreviven al escrutinio documental y forense.
El caso Oro Negro es un espejo de la transición energética y petrolera de México: expectativas altas, financiamiento sofisticado, ciclos duros y reglas del juego aún en reacomodo. No es la historia de “buenos contra malos”, sino la de riesgo mal calibrado frente a una entidad compradora con poder de mercado. Para la nueva ola de contratistas, la lección no es retirarse: es estructurar mejor.
¿Qué fue Oro Negro?
Un esquema para adquirir y rentar cinco plataformas jack-up premium a Pemex, financiado con bonos internacionales y vehículos de propiedad en Singapur.
¿Cuándo comenzó el conflicto?
El punto de quiebre fue 2017, con el concurso mercantil y la terminación anticipada de la mayoría de contratos por parte de Pemex.
¿Qué resolvió el arbitraje internacional?
En agosto de 2024, el laudo desestimó las reclamaciones de los inversionistas y dio la razón a México.
¿Qué pasó en 2025?
Un Tribunal Colegiado negó el amparo a Perforadora Oro Negro, cerrando la vía principal para una indemnización ligada a la cancelación de 2017.
¿Cuáles son las principales lecciones de negocio?
Evitar cliente único, blindar cláusulas de terminación, prever gobernanza de SPVs/bonos y documentar compliance más allá del mínimo.
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