Pemex zanja el caso Oro Negro: sin indemnización

Resolución definitiva: un tribunal colegiado negó el amparo de Oro Negro y dejó firmes las terminaciones anticipadas de contratos de plataformas hechas por Pemex en 2017. Te explicamos qué resolvió el tribunal, cuánto dinero estaba en juego y qué precedente deja para el negocio offshore.

El portazo fue definitivo. El 1 de septiembre de 2025, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo promovido por Perforadora Oro Negro, S. de R.L. de C.V. y con ello dejó intacta la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que validó las terminaciones anticipadas de cuatro contratos de plataformas jack-up que Pemex canceló el 2 de octubre de 2017. Traducido a caja pública: no habrá indemnización por los 852 millones de dólares más IVA que exigía la contratista.

Qué resolvió el tribunal

La decisión colegiada ratifica que Pemex actuó dentro del marco contractual al finalizar de forma anticipada los arrendamientos que incluían operación, mantenimiento y tripulación. Para la petrolera, el fallo cierra una contingencia relevante y blinda una práctica que el mercado conoce: reajustar carteras de servicios costa afuera cuando cambian las condiciones operativas y de precio. Para los proveedores, el mensaje es claro: los contratos deben prever con precisión las salidas (cláusulas de terminación, causales y liquidaciones) y documentar desempeño al milímetro; en juicio, los expedientes hablan.

Los contratos bajo la lupa

Los instrumentos anulados por Pemex en 2017 —y defendidos ahora— fueron:

421003823 (2013), plataforma PRIM/PRIMUS;
421003824 (2013), Laurus;
421004800 (2014), Fortius;
421004806 (2014), Decus.

Cada contrato fijó montos y días comprometidos que, en conjunto, sumaban la reclamación de ~852 mdd. La controversia escaló durante años entre vías mercantiles y administrativas, hasta consolidar la ruta que hoy da la razón a Pemex.

Oro Negro en caída

Oro Negro nació para rentar plataformas a PEP y tuvo entre sus accionistas a Gonzalo Gil White. La empresa entró en concurso y posteriormente en quiebra; a partir de ahí, su estrategia legal buscó revertir las terminaciones o cobrar por daños. Con el amparo negado, se agota la posibilidad de trasladar esa factura al erario.

Por qué este precedente importa para el offshore mexicano

Riesgo legal acotado: Pemex no sienta un precedente de pago por terminaciones cuando se acredite el cumplimiento del procedimiento contractual.
Disciplina contractual: Servicios críticos (tripulaciones, mantenimiento, seguridad industrial) deberán soportarse con evidencia continua; los KPIs serán la póliza real en cualquier disputa.
Banco de proyectos: Operadores y financiadores calibrarán mejor el riesgo país/contrato: una salida ordenada es preferible a años de litigio sin base para indemnización.
Señal al mercado de servicios: La competencia se moverá a performance y disponibilidad, no a pleitos post rescisión.

Del litigio a la bitácora

Revisión de clausulados: Pemex y contratistas ajustarán cláusulas de terminación y mecanismos de pago por hitos para reducir ambigüedades.
Gobernanza de evidencias: bitácoras, reportes de HSE, certificaciones de clase y auditorías técnicas deberán resguardarse como insumo probatorio.
Cartera E&P 2026: con el frente legal despejado, Pemex puede reasignar recursos a mantenimiento mayor y campañas de intervención en aguas someras, donde cada día de equipo en sitio sí produce.
Financiamiento: proveedores con hoja limpia y garantías técnicas tendrán mejor acceso a crédito; el fallo reduce prima legal en ciertos contratos de arrendamiento.