El gobierno anuncia la recuperación de pozos y presas en manos de políticos y empresarios, pero ¿es una medida de justicia hídrica o una cacería de brujas?
Claudia Sheinbaum lanzó un misil directo a lo que llama "los privilegios del pasado": anunció que recuperará lagunas, pozos y presas en manos de políticos y empresarios. La medida, envuelta en retórica de equidad, ha destapado una cloaca de irregularidades históricas... y preguntas incómodas.
Concesiones fantasmas: Grandes desarrollos habitacionales que pagan como riego agrícola (hasta 90% menos).
El incendio "conveniente": Los expedientes de concesiones ardieron en Conagua al inicio del gobierno de AMLO.
Nombres que pesan: Vicente Fox, Carlos Salinas y otros expresidentes señalados indirectamente.
"No puede ser que la gente no tenga agua mientras unos cuantos llenan sus albercas", rugió Sheinbaum. Pero la oposición contraataca: "¿Por qué no menciona a los Moreira, los Yunes o los Bartlett?", cuestionan.
A favor:
Corrige abusos documentados de hace décadas.
Inyectará 186,567 millones de pesos a proyectos hídricos.
Creará 65,000 empleos en tecnificación de riego.
En contra:
Selectividad: ¿Por qué solo perseguir a "los de antes"?
Opacidad: Sin los expedientes quemados, ¿cómo probarán irregularidades?
Riesgo político: Podría usarse como arma contra adversarios.
El director de Conagua, Efraín Morales, defiende el plan: "Intervendremos 17 distritos de riego y subsidios por 1,650 millones". Pero expertos advierten: el verdadero reto es frenar la corrupción actual, no solo la heredada.
¿Es esto el fin de los "huachicoles del agua" o el inicio de una cacería de enemigos políticos disfrazada de ecologismo?
Tú decides:
¿Crees que recuperar el agua de políticos es justicia tardía?
¿O sospechas que es puro teatro para desviar atención de la crisis hídrica?
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