La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a Sener establecer diálogo con comunidades indígenas inconformes por el gasoducto Puerta al Sureste, obra clave para llevar gas natural al sur del país.
El gasoducto Puerta al Sureste, una de las obras energéticas más relevantes del sexenio, ha entrado en una nueva fase: la del diálogo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno establecerá comunicación directa con las comunidades indígenas, rurales y pesqueras inconformes con el proyecto, para explicarles los alcances de la obra, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y las medidas de mitigación contempladas.
La infraestructura, construida por TC Energy y CFE, comprende un ducto submarino de 715 kilómetros que conecta Tuxpan, Veracruz con Coatzacoalcos y Paraíso, Tabasco, y tiene capacidad para transportar 1,300 millones de pies cúbicos de gas natural por día. El costo final fue de 3,900 millones de dólares, un 13.33% menos que lo estimado originalmente.
El proyecto comenzó operaciones en mayo de 2025, pero ha enfrentado resistencia legal y social. Comunidades nahuas y nuntajiiyi’ de Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan promovieron un amparo por falta de consulta previa y riesgo ambiental, con respaldo de organizaciones como Greenpeace. Aunque el juzgado desechó la demanda el 28 de junio, los inconformes interpusieron un recurso de queja ante un tribunal colegiado.
En respuesta, Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Energía (Sener) a establecer canales de información y diálogo. “Vale mucho la pena que llegue el gas natural al sur-sureste del país. Eso no quiere decir que no hablemos con las comunidades”, afirmó la mandataria en conferencia matutina.
El gasoducto ha sido criticado por dividir la evaluación ambiental en dos MIA —una terrestre y otra marina— y por omitir zonas sensibles como arrecifes en Tuxpan. La falta de una consulta indígena formal ha sido señalada como una omisión grave en el proceso de autorización.
Más allá de la controversia, el proyecto busca fortalecer la seguridad energética del sur-sureste, facilitar la industrialización regional y reducir la dependencia de combustibles más contaminantes. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del gobierno para conciliar desarrollo con respeto a los derechos colectivos y garantizar que las comunidades afectadas sean parte activa del proceso.
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