El gasoducto Puerta al Sureste, clave para el desarrollo energético del país, espera la luz verde del nuevo regulador. Te contamos por qué este proyecto vale 4,500 millones de dólares y cómo impactará en la región.
En las profundidades del Golfo de México, un gigante de acero duerme a la espera de su momento. Se trata del gasoducto Puerta al Sureste, una obra clave para llevar gas natural a una región que hoy depende de combustibles sucios y costosos. Construido por la canadiense TC Energy —la misma empresa detrás de otros proyectos energéticos estratégicos en Norteamérica—, este ducto de 715 kilómetros promete ser un salvavidas para el sureste mexicano. Pero hay un problema: falta un último permiso.
La Comisión Nacional de Energía (CNE), el nuevo regulador creado tras la reforma energética, debe aprobar las tarifas de transporte para el servicio interrumpible, un trámite que, aunque técnico, es el último obstáculo antes de que el gas comience a fluir. François Poirier, CEO de TC Energy, confía en que la autorización llegue antes de que termine mayo. "Es un procedimiento habitual, y no hemos recibido señales de preocupación por parte de la CNE", declaró durante una reciente llamada con analistas.
El Puerta al Sureste no es solo otra tubería. Es una pieza central del Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca atraer inversiones por más de 270,000 millones de dólares al país. Con una capacidad para transportar 1,300 millones de pies cúbicos de gas al día, este ducto conectará Veracruz y Tabasco con la Península de Yucatán, una región que históricamente ha sufrido por la falta de infraestructura energética.
Hoy, las plantas eléctricas en el sureste queman diésel y combustóleo, fuentes más contaminantes y caras que el gas natural. Esto no solo encarece la energía, sino que ha provocado apagones recurrentes, especialmente durante los picos de demanda en verano. Con el nuevo gasoducto, la CFE —que ya contrató el 100% de su capacidad— podrá alimentar plantas de ciclo combinado y, de paso, reducir emisiones. Además, el Corredor Interoceánico y otros polos industriales podrían beneficiarse del suministro.
La Comisión Nacional de Energía heredó cientos de trámites pendientes de su antecesora, la extinta CRE. Según representantes del sector, hay al menos 800 permisos en espera, que representan inversiones por 834 millones de dólares. La CNE, dirigida por Juan Carlos Solís Ávila, tiene 90 días hábiles para empezar a resolver este backlog, pero el gasoducto de TC Energy parece ser una prioridad.
El reto no es menor. La CNE debe equilibrar las demandas del sector privado con los objetivos del gobierno, que busca fortalecer a las empresas estatales como la CFE. Mientras algunos critican la lentitud en las aprobaciones, otros argumentan que la cautela es necesaria para evitar irregularidades.
Si la CNE da el visto bueno en las próximas semanas, el Puerta al Sureste podría empezar operaciones en junio, marcando un hito para la infraestructura energética del país. Pero si el permiso se retrasa, el proyecto —y los beneficios que promete— quedarán en suspenso.
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