laura.fernandez
Descubre cómo la diputada del PVEM, María del Carmen Pineda, está liderando una reforma que busca eliminar los colores y símbolos partidistas en bienes públicos. Esta iniciativa garantiza un uso imparcial de los recursos gubernamentales, fomentando la transparencia y fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
En un movimiento que busca poner fin a la propaganda encubierta en la función pública, la diputada del PVEM, María del Carmen Pineda, presentó la semana pasada una iniciativa que podría cambiar las reglas del juego en el uso de bienes e inmuebles públicos en México.
La propuesta, que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas, propone que se considere una falta administrativa grave el uso de elementos como colores, símbolos o frases partidistas en instalaciones públicas.
La adición del artículo 64 Quater tiene como objetivo actualizar el marco jurídico y garantizar que las obras y servicios públicos no se conviertan en vitrinas para la propaganda de ningún partido. Según la legisladora, estas prácticas han sido una herramienta histórica para beneficiar al partido en el poder, socavando la confianza ciudadana y violando principios constitucionales de equidad e imparcialidad electoral.
“Es como si cada parque o edificio gubernamental se convirtiera en un cartel luminoso de un partido. Esto no solo distrae, sino que también erosiona la esencia misma de lo que debería ser el servicio público: neutralidad y dedicación al bienestar ciudadano”, señaló Pineda.
La reforma no solo apunta a eliminar los colores partidistas, sino también a asegurar que cualquier comunicación institucional se mantenga libre de influencias políticas. “La objetividad, transparencia y eficiencia deben ser los pilares de nuestra función pública. No podemos permitir que intereses políticos empañen nuestra labor diaria”, agregó.
Además, la iniciativa busca reforzar la integridad de los funcionarios públicos, promoviendo un entorno donde las decisiones se tomen basándose en el interés común y no en lealtades partidistas. Esto, según Pineda, es fundamental para restaurar la fe de la ciudadanía en sus instituciones gubernamentales.
La diputada del PVEM destacó que esta reforma es crucial para mantener un equilibrio saludable entre el poder político y el servicio público. “Queremos que los ciudadanos vean a sus servidores públicos como verdaderos representantes de sus intereses, no como portavoces de agendas políticas particulares”, concluyó.
La propuesta de Pineda ahora se enfrenta al escrutinio de la Cámara de Diputados, donde deberá debatirse y aprobarse antes de ser enviada al Senado. Expertos en ética gubernamental han elogiado la iniciativa, señalando que es un paso necesario hacia una administración más limpia y transparente.
Sin embargo, algunos sectores políticos han mostrado reservas, argumentando que podría ser una herramienta para debilitar la presencia de partidos de oposición en espacios públicos. A pesar de estas críticas, Pineda y su equipo se mantienen firmes en su propósito, asegurando que la reforma es un avance hacia una mayor integridad y confianza en el gobierno.
Esta iniciativa se suma a otros esfuerzos legislativos recientes que buscan fortalecer la ética y la transparencia en la administración pública, consolidando un panorama donde el servicio al ciudadano prevalece sobre intereses partidistas.
Todos los campos son obligatorios *
Periodista, especialista en marketing digital y análisis de mercado, con enfoque en optimización de inversiones digitales y tendencias de mercado.
