En esta nota te explicamos, con manzana en mano y sin tanto rollo, cómo la propuesta para regular a los llamados “jueces sin rostro” podría sacudir el tablero judicial en México. Aquí encontrarás las claves para entender por qué esta movida no sólo es un lío de abogados, sino un tema de derechos humanos, transparencia y equilibrio entre el anonimato de la justicia y la seguridad de quienes la imparten.
CIUDAD DE MÉXICO— El tablero político nacional se calienta mientras Morena, el partido en el poder, se alista para presentar reformas que den forma y fondo a la figura de los llamados “jueces sin rostro”. Esta figura, tan controvertida como desconocida para muchos, ya se coló en la Constitución a raíz de la más reciente reforma judicial, pero falta detallar el “cómo” y el “cuándo” de su actuación. Según se prevé, estos impartidores de justicia, que trabajarían tras bambalinas para lidiar con casos de delincuencia organizada, podrían operar a partir de 2025.
Los diputados de Morena, con Ricardo Monreal marcando el ritmo, han dicho que en los próximos días meterán mano a la Ley de Amparo, así como al Código Penal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, buscando armonizar el marco legal y dejar bien amarrada la operación de estos jueces anónimos. El objetivo: preservar la integridad de quienes juzgan a los capos más pesados sin poner su nombre y rostro a la vista, evitando que las amenazas se cuelen por debajo de la puerta del juzgado.
No obstante, la moneda está en el aire. Organizaciones internacionales, desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han alzado la ceja ante la idea. Temen que quitarle la cara visible al juzgador abra la puerta a irregularidades, violaciones al debido proceso y a la igualdad ante la ley. Ya en otros países, como Italia en sus años más duros contra la mafia, o en naciones latinoamericanas como Colombia, Perú y El Salvador, se vio que los jueces sin rostro, más que blindar la justicia, a veces terminaron sembrando sospechas sobre la imparcialidad de los juicios.
Los expertos en derechos humanos no se quedan callados. Señalan que hay un riesgo latente: si no se puede saber quién juzga, ¿cómo garantizar que esa persona esté debidamente capacitada, sea imparcial, y no tenga conflictos de interés? La ONU ha recordado que el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos exige un tribunal independiente e imparcial. Y “sin rostro” no siempre es sinónimo de neutralidad: puede ser la antesala a arbitrariedades ocultas bajo un velo.
A pesar de las críticas, la maquinaria legislativa no para. Monreal ha anticipado que no habrá periodo extraordinario, pero sí un maratón legislativo. La Cámara de Diputados está dispuesta a sesionar varios días seguidos, de lunes a sábado, si es preciso, para sacar adelante el paquete completo. En este combo legal van la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Carrera Judicial y las enmiendas a la Ley de Responsabilidades, entre otras. La tarea es titánica: el tiempo corre y también está pendiente el Presupuesto de Egresos 2025.
Este ajuste jurídico recuerda el intenso debate en torno a la regulación laboral de las plataformas digitales, donde la incertidumbre, las prisas y las presiones políticas también dejaron a más de uno con el ceño fruncido. De hecho, quien quiera echarle un ojo a otro frente caliente en el campo legal, puede consultar este análisis sobre la regulación laboral enplataformas digitales en México, que muestra cómo el Congreso se ha vuelto un campo de batalla para redefinir el marco legal en múltiples esferas.
Al final, la llegada de los jueces sin rostro a la escena mexicana pinta como un desafío entre la necesidad de proteger la vida de los juzgadores y la urgencia de mantener la justicia con las cartas boca arriba. ¿Podrá la ley encontrar el punto medio sin tropezar en la sombra del anonimato? La respuesta, por ahora, se cocina en la cocina del Congreso, donde el hervor de las discusiones no parece enfriarse pronto.
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