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La desaparición del IFT pone en riesgo la imparcialidad técnica y la independencia presupuestaria que han sido clave para el desarrollo de las telecomunicaciones y radiodifusión en México. Sin un órgano regulador autónomo, las decisiones podrían ser influenciadas por intereses externos, afectando directamente a las y los mexicanos. Es momento de reflexionar sobre lo que está en juego: la calidad, la competitividad y el futuro del sector.
La reciente reforma constitucional que elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha encendido alarmas en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión. Según el propio instituto, esta decisión podría comprometer la imparcialidad técnica y la independencia presupuestaria que han sido clave para regular uno de los sectores más estratégicos del país.
Con la desaparición del IFT, las facultades regulatorias que antes recaían en este órgano serán repartidas entre diferentes instancias gubernamentales, bajo un nuevo modelo que carece de autonomía constitucional. Este cambio, aseguran expertos, pone en riesgo la capacidad de implementar políticas de competencia económica que beneficien a la ciudadanía.
El instituto subrayó que garantizar la imparcialidad técnica y la independencia presupuestaria será fundamental en este nuevo panorama. Sin estas condiciones, advierten, las decisiones regulatorias podrían verse influenciadas por intereses políticos o económicos.
Esto resulta especialmente delicado en un contexto donde concesionarios con participación pública operan redes de telecomunicaciones y ofrecen servicios clave, lo que podría generar conflictos de interés y afectar el cumplimiento de acuerdos internacionales suscritos por México.
El apoyo a la desaparición del IFT vino de 19 legislaturas estatales, incluyendo Chiapas, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Zacatecas, entre otras. Con este respaldo, la reforma avanza para transformar la regulación de telecomunicaciones en el país, pero no sin cuestionamientos sobre cómo este nuevo modelo garantizará la transparencia y eficiencia alcanzadas hasta ahora.
La redistribución de competencias plantea incertidumbre sobre la eficacia de la regulación en el futuro. Dividir facultades entre distintas instancias podría generar inconsistencias y ralentizar la implementación de políticas, advirtió el IFT. Además, la falta de un enfoque integral en sectores como las telecomunicaciones y la radiodifusión podría afectar la calidad y el costo de los servicios para los usuarios.
Más allá de la estructura institucional, lo que está en juego es el progreso logrado en el sector en los últimos años. Desde la implementación de regulaciones asimétricas hasta la promoción de un entorno competitivo, el modelo de autonomía constitucional ha sido un pilar para la evolución de las telecomunicaciones en México.
Con la transición al nuevo modelo, el desafío será preservar estos avances y evitar retrocesos que impacten directamente a las y los usuarios.
A medida que se implementa esta reforma, el sector estará bajo la lupa. Las expectativas sobre los nuevos reguladores son altas, y el país enfrenta el reto de demostrar que la desaparición del IFT no será un golpe a los derechos de los usuarios ni a la competitividad del mercado.
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