Sheinbaum va por reforma para eliminar pensiones millonarias en Pemex y LyFC

La presidenta anuncia reforma constitucional para poner tope a pensiones millonarias en Pemex y Luz y Fuerza; conoce cifras, impacto y riesgos legales.

Un golpe a los privilegios

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que enviará al Congreso una reforma constitucional para poner un tope y eliminar las pensiones millonarias que reciben exfuncionarios de Pemex y de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC). La mandataria calificó estos beneficios como “abusos ofensivos para el pueblo de México”, pues en algunos casos alcanzan un millón de pesos mensuales, mientras miles de extrabajadores quedaron sin compensación tras el cierre de LyFC.

El costo para el erario

El gasto anual en estas pensiones asciende a 52,918 millones de pesos, más que el presupuesto de varios programas sociales.

LyFC: 14,073 jubilados cuestan 28,074 millones de pesos al año; 9,457 reciben entre 100,000 y 1 millón de pesos mensuales, y 3,504 superan el sueldo presidencial.
Pemex: 22,316 jubilados representan 24,844 millones de pesos anuales; 544 perciben más que la presidenta, y 15 cobran más de 340,000 pesos al mes.

¿Qué propone la reforma?

Tope constitucional a las pensiones de exfuncionarios de confianza.
Protección de derechos adquiridos: no se afectarán pensiones justas ni prestaciones básicas.
Revisión de padrones y legalidad: mesas interinstitucionales con IMSS, ISSSTE, Hacienda y la Secretaría Anticorrupción.
Mecanismo voluntario: se invitará a beneficiarios a renegociar montos antes de aplicar la reforma.

Impacto esperado: ahorro y justicia social

Reducir estas pensiones liberaría recursos para programas sociales, salud e infraestructura, en un contexto donde el gasto en pensiones ya supera el presupuesto de sectores clave. Además, enviaría un mensaje de equidad y combate a privilegios, aunque expertos advierten que cualquier cambio debe evitar vulnerar derechos adquiridos para no abrir la puerta a litigios masivos.

Riesgos y debate legal

Especialistas en derecho laboral señalan que modificar la Constitución es indispensable, pues las pensiones son derechos adquiridos. Sin embargo, alertan que la reforma debe ser general y no discriminatoria, para no sentar precedentes que permitan a empresas privadas reducir beneficios unilateralmente.

¿Qué sigue?

La iniciativa se presentará en el actual periodo de sesiones. De aprobarse, México daría un paso histórico hacia la racionalización del gasto público, pero el reto será equilibrar justicia social con certeza jurídica.