El gobierno reveló pensiones hasta 140× mayores al promedio nacional en ex-trabajadores de LyFC y Pemex. Desglosamos quiénes, cuánto, qué medidas vienen y qué cambia para las finanzas públicas.
La disparidad es brutal: mientras la pensión promedio en México ronda los 7,092 pesos, hay exfuncionarios de LyFC y Pemex que cobran hasta 140 veces más cada mes. El tema ya escaló a la agenda presidencial: la administración de Claudia Sheinbaum anunció una revisión legal y administrativa para acotar pensiones consideradas “ofensivas” y ordenar los padrones.
La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno expuso que más de un centenar de pensionados de empresas estatales reciben montos desproporcionados frente al promedio nacional. En LyFC, 9,457 personas perciben entre 100 mil y 1 millón de pesos mensuales, con un gasto anual de 28,074 millones. En Pemex, al menos 618 extrabajadores reciben en un solo mes más que el monto anual asignado al director general, y otras 544 superan el sueldo de la presidenta; el costo anual asciende a 24,844 millones.
Desde la conferencia del 29 de agosto, el gobierno adelantó dos carriles: cambios legales y higiene administrativa. En el frente jurídico, se evalúan reformas —incluso constitucionales— para establecer reglas y topes que resistan impugnaciones y respeten derechos adquiridos. En lo operativo, ya se instalaron mesas de trabajo con Consejería Jurídica, IMSS, ISSSTE, INDEP, SHCP y la Secretaría Anticorrupción, con cuatro tareas inmediatas:
Oficio normativo para alinear requisitos de jubilación entre dependencias.
Convenios con registros civiles para depurar y actualizar padrones (altas, bajas, duplicidades).
Homologación de expedientes con criterios únicos de documentación y verificación.
Revisión jurídica y constitucional para habilitar intercambio de información con autoridades estatales y actualizar beneficiarios.
Más allá del choque político, el tema es fiscal y de legitimidad. En números, estas pensiones concentran recursos que podrían aliviar presión presupuestal; en equidad, la diferencia con la media nacional erosiona confianza. La clave estará en diseñar reglas transitorias que corrijan excesos sin romper la seguridad jurídica de quienes ya consolidaron derechos. Si el gobierno ordena padrones, sanea expedientes y acuerda topes razonables, puede cerrar la brecha sin abrir un frente de litigios masivos. Si no, el costo será político en el corto plazo y presupuestal en el mediano.
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