57 minutos atrás
Energía
Pemex ejerció 69.5% de su presupuesto vía adjudicación directa en 2024, superando el límite legal y elevando riesgos financieros y regulatorios.
Petróleos Mexicanos (Pemex) ejerció 69.5% de su presupuesto mediante adjudicación directa en 2024, equivalente a 315,835 millones de pesos, según el Informe de Austeridad Republicana al que tuvo acceso EL UNIVERSAL. Este nivel supera el 41.6% registrado en 2023 y rebasa con creces el límite del 30% que establece el artículo 50 de la Ley de Pemex para este tipo de procedimientos.
Desde 2021, cuando las adjudicaciones directas representaban apenas 22%, la proporción ha crecido de forma sostenida. El argumento oficial ha sido la necesidad de agilizar proyectos estratégicos, pero especialistas advierten que esta práctica contradice las mejores prácticas internacionales, que recomiendan licitaciones abiertas para garantizar transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos.
El incremento en adjudicaciones directas ocurre en un contexto financiero crítico: Pemex mantiene una deuda financiera cercana a 100 mil millones de dólares y pasivos con proveedores por 25 mil millones de dólares. Para Oscar Ocampo, coordinador de energía en el IMCO, este esquema “es el peor procedimiento” porque eleva riesgos de corrupción y reduce la competencia, lo que puede derivar en peores condiciones para la empresa y el Estado.
Por su parte, Ramsés Pech, analista del sector, cuestiona la falta de planeación: “No se justifica el crecimiento de las adjudicaciones directas. Se requiere una mejor gestión de recursos porque los problemas ya están, aún con planes de fortalecimiento y rescate”.
El informe de Pemex presume medidas para reducir gastos en viáticos, consultorías y servicios personales, pero omite acciones sobre el gasto de inversión, que representa 75% del presupuesto y donde se concentran las adjudicaciones directas. Esta omisión genera dudas sobre la efectividad del discurso de austeridad y la alineación con la normatividad vigente.
El rebase del límite legal podría detonar auditorías internas y revisiones por parte de la Secretaría de la Función Pública, además de presionar la relación con inversionistas y calificadoras, que ya han advertido sobre la fragilidad financiera de Pemex. Si la petrolera no corrige el rumbo, el riesgo no solo es reputacional: podría comprometer la viabilidad de proyectos clave y el acceso a financiamiento en mercados internacionales.
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