Las contribuciones de Pemex al erario caen tras la entrada en vigor del DPB. En junio, la petrolera entregó 15.4 mil millones de pesos, 21% menos que en febrero. Conoce el impacto fiscal y regulatorio.
Las contribuciones de Pemex al erario público han disminuido desde la entrada en vigor del nuevo esquema fiscal conocido como Derecho Petrolero para el Bienestar (DPB). En junio de 2025, la petrolera estatal entregó 15.4 mil millones de pesos, una caída del 21% respecto a febrero, cuando realizó su primer pago bajo este nuevo régimen. Aunque la cifra representa un aumento significativo frente al mismo mes del año anterior, el descenso reciente refleja una tendencia que preocupa a las finanzas públicas.
El DPB sustituyó a tres figuras fiscales anteriores: el Derecho de Exploración de Hidrocarburos (DEXPHI), el Derecho de Extracción de Hidrocarburos (DEXTHI) y el Derecho por la Utilidad Compartida (DUC). Esta simplificación fue resultado de la reforma constitucional en materia energética de 2024 y de las modificaciones legales aprobadas en 2025, con el objetivo de reducir la carga fiscal de Pemex y fomentar su viabilidad financiera.
Sin embargo, esta reconfiguración también ha tenido efectos inmediatos en la recaudación. En junio, Pemex aportó 15,459 millones de pesos, frente a los 19,586 millones registrados en febrero. Aunque el nuevo esquema busca dar mayor flexibilidad a la empresa productiva del Estado, también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de los ingresos públicos derivados del sector energético.
Las operadoras privadas tampoco han logrado compensar la caída. En junio, sus contribuciones sumaron 2,756 millones de pesos, una baja del 4.3% respecto al mismo mes de 2024. Este monto representa el segundo nivel más bajo del año, lo que evidencia una desaceleración generalizada en la aportación fiscal del sector petrolero.
En total, la industria petrolera aportó 18,246 millones de pesos al erario en junio, la cifra más baja registrada en lo que va de 2025. Esta recaudación quedó 4,832 millones por debajo de los 23,078 millones proyectados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), alcanzando apenas el 79% de lo programado.
La implementación del DPB marca un cambio estructural en la relación fiscal entre el Estado y Pemex. Si bien busca aliviar la presión financiera sobre la empresa, también pone a prueba la capacidad del gobierno para mantener ingresos estables en un contexto de transición energética y volatilidad en los mercados. La clave estará en encontrar un equilibrio entre sostenibilidad fiscal y competitividad operativa.
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