El sector energético aguarda los reglamentos de la Ley del Sector Eléctrico. El anteproyecto anticipa mayor intervención estatal y nuevas reglas para permisos.
Desde la publicación de la Ley del Sector Eléctrico (LSE) en marzo de 2025, el mercado energético mexicano vive en un compás de espera. La razón: la falta de reglamentos que definan las reglas operativas para implementar la nueva normativa. Mientras tanto, un anteproyecto no oficial, al que tuvo acceso Energía Estratégica, anticipa un modelo con mayor intervención estatal, planeación vinculante y condiciones más estrictas para nuevos permisos.
El borrador refuerza el principio central de la LSE: el Estado debe generar al menos el 54% de la electricidad nacional, sin tope máximo. Esto significa que, en teoría, la CFE podría cubrir el 100% de la generación, dejando a los privados en un terreno incierto. Para los desarrolladores, esta disposición eleva el riesgo regulatorio y condiciona la viabilidad de nuevas inversiones.
Además, la planeación pasa a ser vinculante. Las decisiones de inversión deberán alinearse con los programas oficiales, lo que limita la autonomía empresarial y vincula la obtención de permisos a la planeación estatal. Incluso si un proyecto cumple con los requisitos técnicos y financieros, podría ser rechazado si no encaja en la estrategia gubernamental.
El anteproyecto incrementa los requisitos para permisos y otorga a la SENER la facultad de definir unilateralmente qué proyectos son estratégicos, sin criterios públicos claros. Esto abre la puerta a simplificación administrativa selectiva, lo que genera inquietud sobre la transparencia del proceso.
Entre las novedades positivas, se incluye la creación de un permiso específico para almacenamiento, una figura inexistente hasta ahora, que podría detonar inversiones en tecnologías clave para la transición energética. También se mantiene la generación distribuida y el autoconsumo, con procedimientos simplificados para proyectos entre 0.7 y 20 MW, y la exención de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para autoconsumo no interconectado menor a 20 MW.
El texto incorpora la Justicia Energética como principio transversal, un concepto que busca garantizar acceso equitativo y sostenibilidad social. Sin embargo, la falta de certidumbre jurídica y la discrecionalidad en la planeación ponen en pausa a inversionistas y desarrolladores, que esperan reglas claras para evaluar riesgos y oportunidades.
Mientras el reglamento definitivo no se publique, el sector eléctrico mexicano seguirá en un terreno ambiguo: entre la promesa de soberanía y la necesidad de inversión privada para sostener la transición energética.
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