laura.fernandez
Descubre cómo el peor puntaje de México en el Índice de Percepción de la Corrupción agrava la desconfianza ciudadana y frena inversiones, y por qué expertos exigen medidas contundentes contra la impunidad.
La última edición del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) sacudió al país: México se colocó en el peor lugar de su historia al obtener apenas 29 puntos sobre 100. El resultado, difundido por Transparencia Internacional, revela un escenario donde la desconfianza hacia las instituciones públicas está disparada y la sensación de impunidad cala hondo en la ciudadanía. El país ya venía arrastrando escándalos de corrupción durante años, pero este hallazgo confirma el retroceso y manda una señal de alarma nada fácil de ignorar.
El IPC no mide corrupciones puntuales, sino cómo perciben los expertos y empresarios la integridad de la gestión gubernamental. Dicho de otro modo, no se centra en casos concretos, sino en el clima de transparencia —o su ausencia— que resuena en el sector público. México aparece en la posición 126 de un total de 180 países, al nivel de naciones como Azerbaiyán, Rusia y Níger. Un golpe a la imagen internacional que, para muchos, refuerza la urgencia de cambios estructurales.
El principal reclamo yace en la impunidad. Sabemos de historias de sobornos, licitaciones amañadas, y funcionarios a los que pocas veces se les sigue un proceso real. Esa brecha entre las leyes y su aplicación permite que la corrupción florezca. Y se crea una bola de nieve que va minando la credibilidad: si los peces gordos no pisan la cárcel, ¿qué frena a otros de repetir las mismas tácticas sucias?
La última década estuvo plagada de “escándalos bomba” que involucraron a líderes de alto nivel. Cada vez que explota uno de estos casos, la esperanza ciudadana de un verdadero castigo se desploma. Al final, se percibe como si hubiese una red invisible de protección entre políticos, empresarios y burócratas de alto vuelo.
Más allá de los titulares, esta percepción de corrupción arruina la confianza en cualquier relación comercial y encarece la economía. Para el empresario local, la mordida puede ser la norma para obtener un trámite rápido; para el inversor extranjero, el temor a regímenes opacos frena inyecciones de capital; y para el ciudadano común, la frustración y el cinismo se vuelven compañeros de rutina.
Aunque en América Latina el panorama no es muy alentador, hay casos donde las cosas marchan mejor, como en Uruguay o Chile, que registran puntajes muy por encima del mexicano. Sin embargo, estar lejos de los últimos puestos —Venezuela y Nicaragua, por ejemplo— no consuela en lo más mínimo: para un país con el peso geopolítico de México, este mal desempeño luce como un golpe a su liderazgo regional.
La receta de la sociedad civil y analistas pasa por fortalecer instituciones, exigir mayor autonomía y dientes a organismos anticorrupción, y transparentar la información pública. Sin procesos judiciales que lleven a sanciones firmes y visibles, la retórica se queda en buenas intenciones. Y si la impunidad no se rompe, la desconfianza seguirá marcando a fuego la relación entre la ciudadanía y las autoridades.
Pese a lo crítico del momento, no faltan voces que ven en este pésimo resultado la oportunidad de un “hasta aquí”. Quizá sea el detonante para empujar reformas reales y que cada quién —desde el servidor público hasta el empresario— rinda cuentas. Con la presión internacional y la propia exigencia de los mexicanos, la clase política tiene hoy un ultimátum: o reacciona con medidas genuinas o el índice del próximo año podría hundir más al país.
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