La caída de precios del petróleo y la baja rentabilidad de Pemex comprometen ingresos públicos en México. Analizamos el papel de la cobertura petrolera, los subsidios a combustibles, las exportaciones y su impacto en las finanzas del gobierno federal.
Plataformas de bombeo de crudo en un campo petrolero mexicano. La caída de los precios del petróleo ha reducido los ingresos por exportación de México y obligado a ajustes en las políticas fiscales y de subsidios.
La economía mexicana, históricamente ligada al petróleo, ha resentido en forma moderada pero significativa la reciente caída de las utilidades petroleras por precios bajos y volatilidad. Si bien México se ha diversificado y hoy el petróleo aporta una fracción menor de sus ingresos y exportaciones comparado con décadas pasadas, la reducción en la renta petrolera de 2024–2025 tiene implicaciones en las finanzas públicas, la balanza comercial, la estrategia de coberturas del gobierno y los subsidios energéticos. A continuación, se detalla cómo la caída de los precios del crudo y la menor producción nacional impactan las variables económicas clave de México, y qué medidas se han tomado para mitigar dichos efectos.
El Gobierno Federal de México depende en parte de los ingresos petroleros (que incluyen las ventas de crudo de Pemex al exterior, impuestos y derechos petroleros, así como dividendos). Durante el auge de precios de 2022, esos ingresos aumentaron, dando respiro fiscal. Pero para 2024, la Secretaría de Hacienda anticipó una fuerte caída en la recaudación petrolera. En los Criterios Generales de Política Económica 2024, publicados en septiembre de 2023, el gobierno proyectó que obtendría 1 billón de pesos de ingresos petroleros, lo que representaba 332,707 millones de pesos menos que lo estimado para 2023. En términos porcentuales, es una contracción de 24% anual en los ingresos petroleros del gobierno. Esta disminución se atribuye principalmente al efecto del menor precio del crudo (se supuso una mezcla mexicana a $56.7 dólares por barril en 2024, frente a $68.7 presupuestados en 2023), así como a la apreciación del peso que reduce el valor en moneda local de cada dólar petrolero que ingresa.
La caída en ingresos petroleros ha sido el factor principal tras la contracción de 1.8% en los ingresos presupuestarios totales de 2024 prevista por Hacienda. Esto, a su vez, ha llevado a un aumento considerable del déficit fiscal. Para 2024 se aprobó un presupuesto con un déficit del 4.9% del PIB (Requerimientos Financieros del Sector Público), el mayor en más de 30 años. Una parte significativa de ese déficit se explica por la reducción de los ingresos petroleros sin un recorte equivalente de gastos, lo que obligará a financiar la brecha con deuda. De hecho, se proyectó que México necesitaría 1.7 billones de pesos en financiamiento (deuda) en 2024, un 41% más que lo aprobado el año anterior. Esto señala que el gobierno decidió sostener un alto nivel de gasto (de 9 billones de pesos) a pesar de tener menos ingresos petroleros, priorizando la continuidad de programas sociales, inversión en infraestructura y apoyo a Pemex, pero incurriendo en mayor endeudamiento. Analistas, como los del IMCO, advirtieron que esta situación “claramente afecta las finanzas públicas” y añade presión para que la siguiente administración modere el gasto o encuentre fuentes alternativas de ingresos.
No obstante, es importante contextualizar que el peso de los ingresos petroleros en las finanzas mexicanas ha disminuido con el tiempo. Hoy en día, los ingresos petroleros representan alrededor del 10%–15% de los ingresos totales del sector público, cuando en 2012 era cerca del 35% y en los años 80 superaba el 50%. Esta menor dependencia relativa ha dado mayor resiliencia: la recaudación tributaria no petrolera (IVA, ISR, etc.) compensa gran parte de la caída petrolera. Por ello, aunque el choque petrolero genera más déficit, México mantiene acceso a mercados financieros con costos razonables y su deuda/PIB (~50%) es manejable. Además, el país cuenta con un Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), alimentado en parte por excedentes petroleros de años buenos, que se puede usar en años malos. Para 2024, Hacienda indicó que continuaría utilizando coberturas petroleras (detalladas más adelante) y posiblemente recursos de fondos de estabilización para blindar el presupuesto aprobado.
Otro punto a considerar es la carga que representa Pemex en las finanzas públicas. Por un lado, Pemex aporta ingresos (vía impuestos y derechos); por otro, el gobierno le transfiere recursos y asume pasivos. Con la debilidad financiera de Pemex (pérdidas y deuda elevada), el gobierno en 2023-2024 incrementó su apoyo: redujo la tasa del Derecho de Utilidad Compartida de Pemex de 54% a 40% y luego a 30%, e incluyó transferencias para pagar la deuda de Pemex (136 mmdp en 2025). Esto significa menos ingresos petroleros para Hacienda a corto plazo (porque Pemex paga menos impuestos), pero pretende evitar que Pemex colapse y así salvaguardar la producción futura. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) calculó que desde 2013 hasta 2023, Pemex recibió 2.3 billones de pesos en apoyos del gobierno (vía capitalizaciones, reducciones fiscales, asunción de pensiones, etc.), lo que ilustra que una parte importante de los recursos públicos se han canalizado de vuelta a la petrolera. En 2024-2025 esa tendencia continúa: Hacienda emitió en diciembre 2024 “notas pre-capitalizadas” (un mecanismo de deuda) para inyectar fondos a Pemex sin que compute como déficit inmediatamente. Si bien estos movimientos alivian la tensión inmediata, implican que más deuda pública futura está siendo adquirida en favor de Pemex, apostando a que la empresa mejore sus números con el tiempo.
Una pieza central de la estrategia económica de México para enfrentar precios petroleros volátiles son las coberturas petroleras. Desde 2003, México implementa anualmente un programa de seguros de precio mediante opciones financieras en los mercados internacionales, que le garantizan un precio mínimo por un volumen significativo de exportaciones de petróleo. En caso de que el precio promedio de la Mezcla Mexicana de exportación caiga por debajo del nivel asegurado, el gobierno recibe un pago que compensa la diferencia, protegiendo los ingresos presupuestarios.
Para 2023, México había cubierto un precio de $68.70 dólares por barril, correspondiente al precio estimado en la Ley de Ingresos de ese año. Así, cuando en 2023 los precios reales resultaron por encima de $70 en promedio, la cobertura no tuvo que activarse (y Hacienda solo incurrió en el costo de la prima). En 2024, el precio presupuestado en la Ley de Ingresos fue $56.7 dólares por barril, un nivel bastante conservador considerando la incertidumbre global. El gobierno completó su programa de coberturas para 2024 hacia octubre de 2023. Aunque los detalles son secretos (por razones de mercado, Hacienda no revela ni cuánto petróleo cubrió ni a qué precio exactamente), reportes de Bloomberg indicaron que México apuntó a niveles de alrededor de $80 dólares por barril en las opciones de venta que compró. Esto sugiere que buscó garantizarse un ingreso por barril superior al precio presupuestado, potencialmente para cubrir no solo el precio base sino también obtener un extra o cubrir distintos escenarios. El programa de coberturas mexicanas es de los más grandes del mundo, con un costo típico cercano a $1,000 millones de dólares en primas pagadas, monto que el país considera un gasto prudente a cambio de la certidumbre que brinda.
La Secretaría de Hacienda confirmó en diciembre de 2024 que ya estaba implementando la cobertura petrolera para 2025. En la Ley de Ingresos 2025 se aprobó un precio de petróleo todavía más bajo que el año previo: $57.80 dólares por barril, con una plataforma de producción de 1.877 millones de bpd (incluyendo privados) y un tipo de cambio de 18.70 MXN/USD. Al mantener un supuesto tan conservador (muy por debajo del precio spot de Brent a finales de 2024, que rondaba $75), el gobierno se prepara para un entorno adverso. Hacienda anunció que continuará con la estrategia de protección del Presupuesto frente a caídas de la mezcla, combinando coberturas petroleras y coberturas financieras cambiarias. Si bien no divulgó el costo ni volumen cubierto para 2025, aseguró que dicha cobertura evitará una caída en ingresos petroleros en caso de desplome de los petroprecios. Además, resaltó que contar con ese seguro tiene beneficios colaterales: mejora la calificación crediticia soberana al disminuir el riesgo de impago (porque la hacienda pública estaría protegida ante un shock) y fomenta la inversión extranjera al dar certidumbre sobre la solidez fiscal. De acuerdo con estimaciones de Hacienda, en un escenario extremo (percentil 95 de riesgo), las coberturas reducen la volatilidad financiera en 0.33 puntos del PIB, es decir, México evitaría pérdidas fiscales de aproximadamente un tercio de punto del PIB gracias a estos instrumentos.
En la práctica, esto significa que si en 2025 el precio internacional promedio de la mezcla mexicana estuviera por ejemplo en $50 (muy por debajo de los $57.8 presupuestados), las coberturas activarían pagos al gobierno compensando esa diferencia de casi $8, evitando un boquete fiscal. México ya ha hecho uso de sus coberturas en años pasados con éxito: en 2015 y 2016, cuando el precio se desplomó por debajo de $50, el país recibió ~$6,000 millones de dólares en total por las coberturas, amortiguando la crisis petrolera de esos años. En 2020, durante la pandemia, también obtuvo ~ $2,500 millones cuando la mezcla promedió $35 (muy por debajo de los $49 asegurados). Es decir, el mecanismo ha probado su efectividad para “suavizar” las finanzas públicas ante caídas bruscas del petróleo.
Hay que destacar que la cobertura mexicana cubre solo la producción exportable de Pemex, no los ingresos totales petroleros. Por tanto, protege principalmente la partida de ingresos por exportación de crudo. Si Pemex exporta ~700-800 mil barriles diarios en 2024-2025, la cobertura suele cubrir entre 200 y 300 millones de barriles anuales (algo así como 550-820 mil barriles diarios), prácticamente la totalidad de los barriles exportados. No cubre variaciones en ingresos por venta interna de combustibles ni otros conceptos. Aún así, dado que Pemex es un gran exportador neto de crudo, es un seguro muy significativo.
En conclusión, las coberturas petroleras han permitido a México proteger su presupuesto de la volatilidad de precios, y en un entorno 2024–2025 de baja de precios son una tranquilidad para Hacienda. A ojos de observadores internacionales, esta política proactiva es una fortaleza institucional de México que contrasta con otros países productores que sufren ajustes bruscos cuando cae el petróleo. Por ejemplo, mientras Nigeria y otros deben recalibrar su presupuesto y recortar gasto de inmediato ante la caída de ingresos, México se da el lujo de mantener su gasto planeado sabiendo que la cobertura lo respaldará. Sin embargo, esto tiene un costo: en años en que el petróleo no cae sino sube (como 2021-2022), México paga las primas y no recibe nada a cambio. En 2022, por ejemplo, gastó ~$1,500 millones en coberturas que no se ejercieron porque el precio promedio fue mayor al presupuestado. Es el precio de la “tranquilidad” fiscal.
La balanza comercial petrolera de México –diferencia entre exportaciones e importaciones de petróleo y derivados– se ha deteriorado en la última década, y la reciente coyuntura de precios bajos y menor producción la mantiene en números rojos. En 2024, las exportaciones petroleras mexicanas alcanzaron un valor de $28,426 millones de dólares, según datos de comercio exterior. Esto representó una caída de 14.4% respecto a 2023. Dos factores explican este descenso: precio y volumen. Por el lado de precios, la mezcla mexicana promedió alrededor de $64 dólares por barril en 2024 (versus ~$90 en 2022 y ~$70 en 2023), reduciendo el valor unitario de cada barril vendido. Por el lado de volumen, México exportó menos crudo. El volumen exportado promedio fue de 0.80 millones de barriles diarios en 2024, por debajo de los 1.06 millones de barriles diarios de 2023. Esta reducción voluntaria en exportaciones obedeció a la estrategia de Pemex de refinar más internamente para abastecer el mercado doméstico, sumada a la declinación natural de su producción. Es decir, Pemex priorizó enviar barriles a sus refinerías (que elevaron su proceso a ~906 mil bpd en 2024) y recortó las ventas al exterior (en 2018 México exportaba 1.2 mbpd; bajó a ~1.0 en 2021-22 y a 0.8 en 2024).
En contraste, las importaciones petroleras (principalmente gasolinas, diésel, gas LP y gas natural) continuaron siendo cuantiosas. México es un importador neto de hidrocarburos: en 2024 importó combustibles refinados por un valor mayor al de sus exportaciones de crudo. De acuerdo con datos preliminares de Banxico, la balanza comercial petrolera de 2024 cerró con un déficit de aproximadamente $10,000 millones de dólares. El comercio total de mercancías mexicanas arrojó un déficit de $8,212 millones, lo que implica que el déficit petrolero fue compensado en parte por un ligero superávit en el comercio no petrolero. En 2023, el déficit petrolero había sido menor gracias a precios más altos y a que Pemex importó algo menos de combustibles por los estímulos fiscales (ver sección de subsidios). Pero en 2024, con las refinerías aún sin proveer toda la demanda interna y con la reactivación económica elevando el consumo de combustibles, México continuó comprando del exterior cerca del 70% de las gasolinas y diésel que consume.
La participación del petróleo en las exportaciones totales ha caído a mínimos históricos. En 2024, los bienes manufacturados representaron ~90% de las ventas externas, los productos petroleros apenas 4.6% y los agropecuarios ~3.8%. Dos décadas atrás, lo petrolero representaba más del 10%, y en los años 80 era cerca del 70%. Este cambio estructural significa que, afortunadamente para México, el impacto de la caída del petróleo en su balanza de pagos es acotado. De hecho, en 2024, pese a exportar $4 mil millones menos de petróleo, México logró un récord de exportaciones totales (617 mil millones de dólares, +4.1%) gracias al empuje de las exportaciones manufactureras, en especial automotrices. El país se benefició del nearshoring y la sólida demanda de EE.UU. para compensar con creces lo que perdió en petróleo.
Con todo, la reducción de ingresos petroleros por exportación implica menos entrada de divisas para Pemex y el país. Esto puede tener efectos en el tipo de cambio (aunque en 2022-2023 el peso se apreció, impulsado por altas tasas y flujos de inversión, contrarrestando la lógica del menor ingreso petrolero). En 2024, la combinación de superávit manufacturero y déficit petrolero resultó en un déficit comercial manejable. Si el precio del petróleo se mantiene en niveles medianos (~$70) y México continúa reduciendo exportaciones para abastecer refinerías, es probable que el país siga registrando déficits moderados en su balanza comercial. Esto no es alarmante per se mientras haya financiamiento vía IED y otros capitales. De hecho, la cuenta corriente mexicana en 2024 podría rondar un déficit pequeño (~1% del PIB), menor al de años anteriores, porque las remesas y exportaciones no petroleras son fuertes. Así, la caída petrolera no desequilibra macroeconómicamente a México como sí lo haría en economías más petrodependientes.
Un aspecto fundamental del impacto económico interno es el manejo de los subsidios a los energéticos, en particular a las gasolinas. En 2022, ante la subida abrupta del petróleo (tras la guerra en Ucrania), el gobierno mexicano decidió proteger a los consumidores para evitar un “gasolinazo” que alimentara la inflación. Para ello, utilizó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a combustibles como amortiguador: redujo y eventualmente eliminó el cobro de IEPS por litro, y además implementó estímulos complementarios a importadores, de modo que el precio al público de la gasolina Magna se mantuviera alrededor de $21–$22 pesos/litro, a pesar de que los precios internacionales se dispararon. Este subsidio implícito llegó a costar al erario más de 300 mil millones de pesos en 2022, según estimaciones públicas, y continuó parcialmente en 2023 (aunque disminuyendo conforme bajó el petróleo).
Sin embargo, con la normalización de los precios petroleros en 2023-2024, Hacienda comenzó a retirar gradualmente estos estímulos. Para mediados de 2023, ya se cobraba nuevamente una parte del IEPS; y en el último trimestre de 2024 se llegó a cero subsidio. De hecho, se reportó que para las últimas semanas de 2024, incluyendo la temporada de fin de año, no hubo estímulo fiscal a las gasolinas por seis semanas consecutivas. Esto significa que los consumidores volvieron a pagar el IEPS completo: $5.17 MXN/litro en Magna, $4.99 en Premium y $6.78 en diésel (tasas de 2024). En consecuencia, los precios al público de los combustibles aumentaron ligeramente, aunque se mantuvieron contenidos. Por ejemplo, la gasolina regular promedió $23.56 MXN/litro en mayo 2024, solo ~2.75 pesos (+13%) más cara que un año antes, manteniéndose por debajo de la inflación acumulada. Para enero de 2025, con la actualización de IEPS, la Magna rondaba $24.7 y la Premium $26.4 por litro en la Ciudad de México, niveles todavía estables en términos reales.
El fin del subsidio representó un alivio para las finanzas públicas. En 2023, el costo fiscal de los estímulos a combustibles fue mucho menor que en 2022, y en 2024 prácticamente desapareció durante buena parte del año. De hecho, Hacienda recaudó nuevamente IEPS pleno en varios meses de 2024, contribuyendo a los ingresos tributarios. Según algunos cálculos, cada peso de IEPS restablecido por litro implicó decenas de miles de millones de pesos anuales en recaudación recuperada. En 2022, México llegó a no cobrar ~100% del IEPS, más subsidios complementarios, gastando el equivalente a ~1.5% del PIB en sostener precios; en 2024 ese gasto se redujo a casi cero. Esto libera recursos que el gobierno puede canalizar a otros rubros o a reducir sus necesidades de endeudamiento.
Para los consumidores, el impacto ha sido moderado debido a la caída internacional de precios: aunque regresó el impuesto, el precio final no subió drásticamente porque el barril estaba más barato. El resultado es que México no sufrió grandes aumentos en gasolinas; de hecho, entre 2018 y 2024 el precio sólo creció ligeramente, permaneciendo debajo de la inflación general. A fines de 2024, con la inflación ya descendiendo (~4%), el gobierno consideró que era momento apropiado para retirar el estímulo sin un golpe fuerte al bolsillo.
A futuro, en el Paquete Económico 2025 el IEPS a combustibles se actualizó por inflación (subió ~4%), por lo que se mantendrá el cobro completo en 2025, salvo que ocurra otra alza extraordinaria del petróleo. Hacienda ha señalado que no contempla nuevos subsidios a gasolinas en 2024-2025, esperando que los precios se mantengan estables. Esto implica que ante un hipotético repunte fuerte del petróleo, el precio al consumidor subiría, ya que el gobierno parece reacio a reinstaurar el costoso estímulo del 2022. No obstante, dada la experiencia previa, no se descarta que si el Brent subiera sustancialmente por encima de $90, el gobierno evalúe algún apoyo temporal nuevamente para evitar choques inflacionarios.
En electricidad y gas LP, el gobierno ha mantenido políticas de control indirecto de precios (a través de CFE y de Pemex Gas), que han significado subsidios, pero estos no están directamente ligados al precio internacional del petróleo, sino más bien a políticas sociales internas.
El impacto económico en México por la caída de las utilidades petroleras se ha manifestado en menores ingresos fiscales petroleros, déficit comercial petrolero persistente pero manejable, y un reajuste de políticas como la eliminación de subsidios a combustibles. A diferencia de episodios anteriores, México llega a esta fase de precios bajos con fortalezas: un aparato exportador manufacturero robusto (que incluso se beneficia de energía más barata), un esquema de coberturas que blinda el presupuesto y una menor dependencia petrolera en las arcas públicas. Estas condiciones han evitado una crisis económica como la de los años 80 (cuando el desplome del petróleo llevó al país a la quiebra). De hecho, en 2024 la economía mexicana siguió creciendo moderadamente (~3%) pese a la caída petrolera, sustentada en la demanda externa e interna no petrolera.
Sin embargo, existen retos y costos. El mayor déficit fiscal incrementa la deuda pública y podría generar preocupaciones de sostenibilidad si no se revierte en el mediano plazo. El próximo gobierno (que inicia en octubre de 2024) enfrentará la tarea de consolidar las finanzas públicas, posiblemente a través de una reforma fiscal, para no depender de una recuperación de los precios petroleros que luce incierta. Asimismo, la apuesta por Pemex como palanca de desarrollo supone destinar recursos considerables a una empresa que aún no demuestra viabilidad financiera. Si Pemex no logra aumentar producción o eficiencia, el Estado podría cargar con pasivos adicionales (pensiones, deuda) que presionen el presupuesto.
En el sector externo, mientras el déficit petrolero sea financiable con superávit manufacturero, no hay desequilibrios graves. Pero si por alguna razón la industria manufacturera flaqueara o los precios del crudo cayeran aún más, México podría ver tensiones en su balanza de pagos. No obstante, con reservas internacionales sanas (~$200 mil millones) y acceso al crédito, el país está lejos de un problema externo.
El tipo de cambio ha mostrado resiliencia: en 2023-2024 el peso se fortaleció (alcanzando hasta 17 por dólar) a contracorriente de la lógica petrolera. Esto se debió al diferencial de tasas y a la confianza en México como destino de inversión. Un peso fuerte ayudó a contener la inflación importada, pero también encareció la conversión de ingresos petroleros en pesos (como se vio en Pemex, cuyo resultado empeoró por la apreciación del peso). Hacia 2025, algunos analistas esperan que el peso se modere a niveles de 18-19 por dólar conforme el Banco de México baje tasas y el súperávit comercial no petrolero quizá se reduzca. Un peso algo más débil podría paradójicamente mejorar los ingresos petroleros en pesos.
En cuanto a los subsidios, la eliminación del estímulo a gasolinas es un ajuste positivo fiscalmente, pero implica que el precio al público reflejará más los vaivenes del mercado. Para las familias y empresas mexicanas, esto significa que deberán prepararse para posibles incrementos si el contexto cambia. No obstante, con los precios actuales estables, el efecto inflacionario de quitar el subsidio ha sido mínimo. De hecho, la inflación anual de energéticos en México se volvió negativa a finales de 2023 debido a comparativos altos del año anterior y a la estabilidad reciente de precios.
Mirando en perspectiva amplia, México parece haber navegado relativamente bien la caída de los precios petroleros en estos dos años, gracias a políticas prudentes y a su economía diversificada. Las calificadoras y organismos internacionales han notado tanto fortalezas como riesgos: por un lado, aplauden la disciplina monetaria y herramientas como la cobertura; por otro, advierten sobre la trayectoria fiscal si no se implementan medidas correctivas en el futuro (como ampliar la base tributaria no petrolera). La continuidad del apoyo a Pemex será un factor a monitorear, pues incide tanto en la producción (si Pemex mejora, México podría incluso exportar más y revertir parcialmente la caída de ingresos) como en las finanzas (si Pemex requiere constantemente rescates, drenará recursos de otros sectores).
En síntesis, el impacto económico en México de la caída de las ganancias petroleras ha sido mitigado en gran medida por la estructura económica y las políticas macro prudentes, pero no deja de presentar desafíos: mayor déficit fiscal, la necesidad de mantener la confianza de inversionistas ante un endeudamiento al alza, y asegurar que Pemex y el sector energético se vuelvan sostenibles para no lastrar las cuentas nacionales. México transita ahora una etapa de “despetrolización” relativa de su economía, en la que el petróleo ya no es el motor principal ni de las finanzas públicas ni de las exportaciones. Esto es positivo en términos de estabilidad; no obstante, el país deberá seguir equilibrando la ecuación de cómo aprovechar sus recursos petroleros (Pemex, reservas de crudo) sin comprometer su estabilidad económica. En el corto plazo 2024-2025, las medidas tomadas –cobertura, fin de subsidio, apoyo focalizado a Pemex– parecen suficientes para mantener el barco estable aun con mares petroleros embravecidos. La economía mexicana, por ahora, ha resistido el embate petrolero y sigue adelante, aunque con menor viento a favor que en años de bonanza energética.
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