Plataformas en jaque: la regulación laboral al rojo vivo

CIUDAD DE MÉXICO— El Congreso mexicano está cocinando a toda prisa una iniciativa que, de salir como la tiene planeada el Ejecutivo, podría cambiarle el rostro a la chamba en plataformas digitales. Este lunes 9 de diciembre, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados prevé dictaminar la propuesta para reconocer formalmente a repartidores y conductores como trabajadores—no simples “colaboradores”—y, con ello, abrirles la puerta al seguro social, utilidades, contratos formales y otras prestaciones que hoy nomás sueñan despiertos.

La prisa es cosa seria: el martes 10, apenas un suspiro después del dictamen, el proyecto podría subirse al Pleno, listo para votarse casi sin parpadear. Todo esto sucede mientras el ala política que impulsa el cambio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, asegura que se deben atender las necesidades de millones de personas que se ganan la vida a bordo de una motocicleta o un auto prestado, conectados a una aplicación que reparte pedidos y esperanzas a domicilio.

Pero del otro lado, las principales plataformas de transporte y reparto—agrupadas en la Alianza In México, que cobija a gigantes como Uber, DiDi o Rappi—no están precisamente aplaudiendo con las orejas. Ellas claman por más diálogo, más calma y menos “al vapor”. Su mensaje, lanzado a través de comunicados y llamados a los legisladores, pide poner pausa y analizar con lupa cada coma de la iniciativa. Argumentan que aún hay un montón de cabos sueltos: ¿cómo se definirá el régimen fiscal? ¿Qué detalles tendrá el programa piloto del IMSS para garantizar la cobertura de estos trabajadores sobre la marcha? ¿En qué rincones de la ley quedarán los derechos y obligaciones de usuarios, conductores, repartidores y empresas?

Es un estira y afloja que no se ve todos los días. Por un lado, están quienes piensan que formalizar a estos trabajadores es como quitarle las telarañas a un modelo laboral que lleva rato en la ambigüedad. Por el otro, los defensores del “sin prisa, que no es mole de olla” aseguran que precipitar la reforma puede empujar a las plataformas contra la pared, amenazando el empleo flexible y, por ende, el bolsillo de quienes no cuentan con un vehículo propio o una base laboral sólida.

La Alianza In subraya que no se trata de oponerse a la regulación, sino de encontrar un camino equilibrado que no convierta a los repartidores en un simple engrane de una maquinaria demasiado rígida. Dicen que sin un análisis serio, esto podría ser como echar agua hervida sobre un motor en marcha, generando un “vámonos recio” que termine con más problemas de los que buscaba resolver.

Mientras las mesas de trabajo parlamentarias se alistan para la recta final, el reloj avanza a contra-tiempo. En unos días podríamos estar ante una legislación que renueve las reglas del juego laboral digital en México. ¿Será el puntapié de una era más justa, o el banderazo de partida para un rompecabezas legal lleno de piezas confusas? La respuesta, al parecer, se está cocinando a fuego rápido en las cocinas de San Lázaro. Habrá que ver si el platillo final resulta en sabor a futuro prometedor o en una receta con más dudas que certezas.