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Descubre cómo la reforma de Claudia Sheinbaum busca fortalecer a CFE y Pemex, darle un giro al control energético de México y por qué la oposición advierte sobre riesgos a la inversión y al medioambiente.
El Senado avaló este miércoles la tan discutida reforma energética de la presidenta Claudia Sheinbaum, en un golpe de timón que busca redirigir el rumbo del sector a favor de las empresas públicas CFE y Pemex. Con 81 votos a favor y 39 en contra, el paquete de cambios pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde se espera que siga generando chispas antes de su eventual promulgación.
La propuesta en cuestión plantea ocho nuevas leyes y modifica otros tres ordenamientos vigentes; todo un rompecabezas legal cuya principal virtud, según Morena, es devolver el control del petróleo y la electricidad al Estado y reforzar la soberanía energética. En el fondo, se trata de un giro para revertir el modelo anterior abierto al sector privado, muy al estilo de la reforma de 2013.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendría la mano ganadora: queda mandatada a producir al menos el 54% de la energía eléctrica del país, mientras el resto sería generado por particulares. Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex)—que carga con la etiqueta de “petrolera más endeudada del mundo”— obtendría un nuevo margen de maniobra para asociarse con inversionistas privados, aunque manteniendo su control mayoritario en los proyectos. Quienes se frotan las manos aplauden la idea de rescatar la industria nacional, aunque también saltan críticas sobre si esto sólo disparará más deuda.
El paquete legislativo incluye, entre otras perlas, una Ley de Planeación y Transición Energética, enfocada en energías limpias, uso racional de recursos y estrategias contra la contaminación. También da preferencia a Pemex en la exploración y extracción de hidrocarburos, a la vez que prohíbe la concesión de litio a empresas privadas, considerándolo un recurso estratégico. Si bien todo suena bonito en el papel, la oposición no deja de advertir que las metas ambientales podrían quedar en el aire y los combustibles terminarían encareciéndose, alejando nuevas inversiones.
Desde la trinchera oficialista, la senadora Laura Itzel Castillo, al frente de la Comisión de Energía, defiende los cambios con la bandera de la justicia social y la seguridad energética de México. Sin embargo, legisladores de oposición sospechan que estas reformas podrían tirar por la borda el interés extranjero y complicar el cumplimiento de compromisos ambientales internacionales. Todo indica que la Cámara de Diputados será el escenario de un forcejeo final, lleno de discursos encendidos y amagues políticos. Si la reforma pasa, Sheinbaum podría presumir un golpe de efecto que marca un antes y un después en la política energética del país.
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