Organizaciones alertan riesgos ambientales y falta de transparencia en el proyecto de gasoducto en Los Cabos durante la consulta pública.
La propuesta para construir un sistema de distribución de gas natural en Los Cabos ha encendido el debate entre autoridades, empresa privada y organizaciones ambientales. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) reservó información clave sobre la ubicación exacta del trazado, lo que ha generado inquietud sobre la transparencia y la capacidad de evaluar impactos reales en zonas de conservación y cuerpos de agua.
El plan contempla más de 150 kilómetros de ductos, estaciones de regulación y un City Gate, con una vida útil estimada de 30 años. La empresa promotora asegura que la obra optimizará el suministro de gas natural y reducirá costos energéticos en la región, pero ambientalistas advierten riesgos para la biodiversidad y la crisis hídrica que enfrenta Baja California Sur.
Durante el proceso de consulta pública, organizaciones civiles señalaron omisiones técnicas en la Manifestación de Impacto Ambiental y falta de claridad sobre la inversión requerida. También alertaron sobre posibles afectaciones en cruces carreteros, líneas eléctricas y cuerpos de agua, así como la ausencia de garantías sobre restauración ecológica y gestión social.
El caso del gasoducto en Los Cabos refleja un desafío recurrente en la política energética: equilibrar desarrollo e infraestructura con protección ambiental y transparencia regulatoria. La decisión final no solo definirá el futuro del proyecto, sino también la credibilidad del marco normativo frente a inversionistas y comunidades.
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