Fintech en México: Hacienda y CNBV alistan normas más sólidas

El ecosistema fintech en México busca consolidarse como uno de los motores de la innovación financiera, pero enfrenta una tarea colosal: actualizar y robustecer la regulación. En voz de Alfredo Navarrete, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA) de la Secretaría de Hacienda, queda claro que el Gobierno quiere reforzar las reglas para impulsar un crecimiento sostenible y ordenado de las plataformas digitales. En pocas palabras: regulación sí, pero también creatividad.

Navarrete celebró los datos de Finnovista, que revelan cómo un 44.1% del mercado fintech opera sin necesidad de licencia, dedicándose a labores tecnológicas, mientras que el resto requiere cumplir con las exigencias de la Ley Fintech para ofrecer productos financieros. Según el funcionario, abrir la puerta a esos proveedores tecnológicos y facilitarles un marco regulatorio tiene un gran potencial: podría ayudarles a formalizar sus actividades, legitimar su presencia en el mercado y, claro, inspirar confianza en los usuarios.

Sin embargo, Navarrete fue claro al señalar que la expansión de las fintech debe ir de la mano con medidas contundentes en materia de ciberseguridad, protección de datos y combate al fraude. A fin de cuentas, ¿de qué sirve tener servicios veloces y a la mano si los usuarios no se sienten seguros al compartir su información o su dinero? En esa misma ruta, la Secretaría de Hacienda, a través de un grupo de innovación financiera, se comprometió a gestar un entorno donde las empresas digitales puedan florecer sin poner en riesgo a los consumidores.

Por su parte, Jesús de la Fuente, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dejó claro que han iniciado una nueva etapa de regulación y supervisión. Explicó que, desde 2024, se viene vigilando más de cerca a las Instituciones de Tecnología Financiera (ITFs). Esto significa verificar que cumplan con requisitos de capital, que en México varía entre 500,000 y 700,000 UDIs, y que ofrezcan productos transparentes y competitivos. El funcionario recalcó la necesidad de modernizar el marco normativo para equilibrar el control con la posibilidad de innovar. Parece que la CNBV apuesta por un entorno más flexible, aunque sin perder de vista los riesgos cibernéticos.

De la Fuente también presumió que hay 84 ITFs autorizadas hasta la fecha: 56 de fondos de pago electrónico y 27 dedicadas a fondeo colectivo, el llamado crowdfunding. Suena a un número alentador, pero no exento de desafíos: ¿cómo mantener el entusiasmo inversor sin caer en lagunas normativas que pongan en jaque la confianza ciudadana?

En el fondo, la discusión gira en torno a un dilema: fomentar la disrupción tecnológica sin echar por la borda la estabilidad del sistema financiero. Tanto Hacienda como la CNBV parecen dispuestos a tomar el toro por los cuernos, buscando que la revolución fintech no se convierta en anarquía. Falta ver si el sector, con la sangre joven y el ímpetu de sus emprendedores, logra encajar en este traje regulatorio sin que se le aprieten demasiado los botones.