El nuevo regulador envía la señal más dura desde su creación: sanciona a 87 permisionarios y revoca autorizaciones por impagos, falta de seguros y proyectos inactivos. El mensaje: cumplimiento o salida.
La Comisión Nacional de Energía (CNE) inauguró su fase de supervisión con una batería de sanciones inédita: multas por 450 millones de pesos y la revocación de 35 permisos en los sectores eléctrico e hidrocarburos. La decisión, comunicada tras la 5ª sesión del órgano, responde a impagos de derechos de supervisión, carencias de seguros obligatorios y proyectos que no iniciaron operación dentro de los plazos autorizados. En electricidad, 22 de las 25 revocaciones afectaron a permisos de generación solar que sumaban 1,372 MW de capacidad autorizada; en hidrocarburos, nueve permisos retirados correspondieron a Almacenes Distribuidores de la Frontera por incumplir pólizas.
Fuentes del sector interpretan el movimiento como un “golpe de timón”: la CNE busca corregir años de laxitud y alinear la operación a un esquema de planeación vinculante y recaudación efectiva de derechos. La prensa especializada reportó además el uso de analítica e inteligencia artificial para el cruce de información con SAT y ASEA, lo que eleva la probabilidad de detección de incumplimientos y reduce el margen para la discrecionalidad administrativa.
Para permisionarios y desarrolladores, el mensaje es claro: pagar derechos en tiempo, acreditar seguros, arrancar obras dentro de plazo y reportar estimaciones de demanda
dejó de ser un asunto burocrático. En electricidad, la salida de 1.3 GW
solares autorizados —muchos de ellos proyectos que no lograron cerrar
contratos, conexión o financiamiento— limpia la tubería pero también reduce el inventario de oferta futura, justo cuando el sistema necesita nueva capacidad y redes.
En hidrocarburos, el golpe se concentra en terminales y almacenamiento, un segmento clave para logística de petrolíferos que ya operaba bajo presión por controles de calidad y el combate al contrabando. La señal regulatoria puede traducirse en mejores prácticas y menor riesgo operativo, pero también en cautela inversora hasta conocer la curva real de sanciones y criterios definitivos de la CNE.
Implicaciones para el mercado
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