La Comisión Nacional de Energía (CNE) reporta 558,617 solicitudes de interconexión de centrales menores a 0.7 MW y 4,759 MW de capacidad acumulada entre 2007 y el primer semestre de 2025, con 95% en Generación Distribuida. Jalisco, Nuevo León y Chihuahua lideran el despliegue, mientras la red de distribución enfrenta retos técnicos y regulatorios. Este análisis premium de AI Regula Solutions explica qué significan las cifras, dónde se concentra e
La Comisión Nacional de Energía (CNE) puso número y geografía al fenómeno que ya se veía desde la calle: el país vive un boom de generación distribuida, pero con una huella muy desigual entre estados y con una red de distribución que empieza a resentir la presión.
El nuevo reporte de solicitudes de interconexión de centrales con capacidad menor a 0.7 MW, correspondiente al primer semestre de 2025, confirma que entre 2007 y junio de este año se han recibido 558,617 solicitudes, que suman 4,759 MW de capacidad. Nueve de cada diez corresponden a Generación Distribuida bajo el paraguas de “techos solares” y pequeños proyectos conectados a la red de baja y media tensión; apenas 5% son solicitudes de Pequeña y Mediana Escala (SIPyME), de perfil más industrial o comercial robusto.
Detrás de la cifra nacional hay un mapa que dice mucho sobre quién está aprovechando la ola y quién se está quedando al margen. Jalisco encabeza con 90,004 solicitudes y 665 MW; le siguen Nuevo León con 60,658 solicitudes y 461 MW, y Chihuahua con 44,634 solicitudes y 338 MW. Guanajuato, Michoacán, Coahuila y Yucatán completan el grupo de entidades donde la generación distribuida se ha convertido en pieza visible de la matriz eléctrica local.
El informe depuró 288 registros duplicados e incluye 290 solicitudes canceladas. También aclara un punto relevante para quienes siguen la estadística desde hace años: los datos históricos de la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) se integraron como “contratos”, pero en la base actual de la CFE solo aparecen como “solicitudes”. Ese ajuste obliga a leer con cuidado las series: el crecimiento es real, pero la forma de contarlo cambió.
Con una capacidad promedio de 9.77 kW por solicitud y un promedio de 140 MW por entidad federativa, México consolida un ecosistema donde hogares, comercios, pequeñas industrias y usuarios agrícolas ya no son solo consumidores, sino microgeneradores que interactúan todos los días con la red de CFE. La mayoría lo hace bajo el esquema de medición neta; una fracción menor opera con facturación neta o venta total.
El dato de 4,759 MW acumulados puede parecer modesto frente a la capacidad total del Sistema Eléctrico Nacional, pero es decisivo en varios frentes. Primero, porque casi todo ese volumen se inserta en la última milla de la red, justo donde los transformadores, circuitos y protecciones fueron diseñados para una lógica unidireccional: de la red al usuario, no al revés. Segundo, porque el salto es muy reciente: en 2018 el país apenas superaba los 500 MW en generación distribuida; hoy se mueve en un rango cercano a 5 GW y los analistas del sector estiman que el año podría cerrar por encima de 5.5 GW si se mantiene el ritmo de 2024–2025.
Para la política energética, el reporte de CNE es una radiografía incómoda y, a la vez, una oportunidad. Incómoda, porque la expansión se ha dado más rápido que la adaptación regulatoria y de planeación de redes. Muchos de los 558 mil expedientes se tramitaron bajo criterios que no anticipaban la acumulación de cientos de techos solares en un mismo circuito o la instalación de sistemas de 0.5 a 0.7 MW pegados a nodos donde ya operan cargas industriales importantes.
La decisión reciente de elevar el umbral de capacidad de 0.5 a 0.7 MW para generación distribuida empuja aún más la discusión técnica. En papel, abre espacio para proyectos más grandes sin pasar por el circuito completo de permisos de generación convencional. En la práctica, puede concentrar capacidad en nodos que no siempre tienen margen térmico o de cortocircuito suficiente, y que requerirán refuerzos de red, nuevas protecciones y esquemas de control más sofisticados para evitar problemas de calidad de energía y confiabilidad.
La concentración geográfica también tiene lectura propia. Estados como Jalisco, Nuevo León y Chihuahua se benefician de ecosistemas dinámicos de instaladores, bancos dispuestos a financiar proyectos solares residenciales y comerciales, y gobiernos locales que han entendido el valor político y económico de promover techos solares. En contraste, entidades del sur y sureste muestran una penetración mucho menor, a pesar de condiciones solares similares o superiores. La brecha revela, entre otras cosas, un problema de información, financiamiento y capacidad institucional: donde hay bancos, instaladores certificados y ventanillas que entienden el trámite, hay generación distribuida; donde no, el modelo sigue siendo aspiracional.
El ajuste metodológico que hizo CNE al integrar datos de la CRE y CFE como “solicitudes” y no solo “contratos” es más que una nota al pie. Muestra que, para gobernar la generación distribuida, no basta con registrar cuánta capacidad se conecta; también hay que seguir cuánta se rechaza, cuánta se cancela, en qué puntos de la red se saturan los circuitos y qué tecnologías —solar, cogeneración, pequeñas hidro— están realmente presentes. Es, en otras palabras, el tipo de información que debería alimentar modelos de inteligencia regulatoria, simulaciones de red y decisiones de inversión en infraestructura de distribución.
El informe de 2025 llega en un momento en que la CFE actualiza sus programas de ampliación y modernización de redes, mientras el CENACE implementa nuevas disposiciones para integrar sistemas de almacenamiento en energía y ajustar el tratamiento de proyectos exentos. La frontera entre “generación distribuida” y “central convencional pequeña” será cada vez más difusa, y el criterio que definirá qué es viable o no ya no será solo el tamaño en megawatts, sino la capacidad de la red para absorber esa generación sin comprometer la calidad del servicio.
Para hogares y pymes, las cifras envían un mensaje mixto. Por un lado, confirman que la ventana de oportunidad sigue abierta: cientos de miles de usuarios ya están generando su propia electricidad, reduciendo su factura y mitigando parcialmente el riesgo de alzas tarifarias. Por otro, sugieren que la próxima ola de regulación puede incluir zonas donde nuevos proyectos se enfrenten a restricciones más estrictas, estudios adicionales o tiempos de respuesta mayores por parte de la empresa distribuidora.
El reto para la autoridad será no matar, con sobrerregulación o tiempos excesivos, el ecosistema que permitió llegar a las 558 mil solicitudes, y al mismo tiempo profesionalizarlo para que la generación distribuida pase de ser un fenómeno de “sálvese quien pueda” a convertirse en un componente planeado del sistema eléctrico, con reglas claras por nodo, por tensión y por nivel de penetración.
Si México quiere usar la generación distribuida como palanca para cumplir metas de transición energética, aliviar redes sobrecargadas y reducir pérdidas técnicas, este tipo de reportes de la CNE debe dejar de ser un simple anexo estadístico. Son el insumo mínimo para que reguladores, CFE, gobiernos estatales y empresas tecnológicas diseñen, con apoyo de modelos de IA y análisis granular, la siguiente etapa: una red que no solo soporta el boom de techos solares, sino que lo ordena y lo convierte en parte de la seguridad eléctrica del país.
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