Arranca el programa 2025–2028: $18,916 millones para electrificar comunidades rurales, indígenas y urbanas marginadas. Avance 2025, estados prioritarios y lo que cambia para el usuario.
La Comisión Federal de Electricidad echó a andar el Programa Prioritario de Obras de Justicia Energética 2025–2028: 42,221 obras de electrificación en las 32 entidades, con $18,916 millones de inversión y una meta clara: llevar luz donde hoy no llega. El objetivo inmediato es práctico, no retórico: cerrar brechas en comunidades rurales, indígenas y zonas urbanas marginadas y acelerar acomisos y ampliaciones donde la red existe pero no alcanza.
El programa aterriza en tres frentes. Primero, expansión y densificación de red —tendidos, transformadores, equipos de medición— para conectar a 295 mil personas sin servicio. Segundo, regularización de asentamientos y migración de conexiones precarias a infraestructura segura, con prioridad en Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Chihuahua y Chiapas por volumen de proyectos. Tercero, coordinación con el Fondo de Servicio Universal Eléctrico para blindar el financiamiento multianual y evitar “arranques-paro” que encarecen cada obra.
Qué significa en 2025. La fotografía de corte reporta 10,421 obras concluidas y 93 mil personas beneficiadas; el plan anual cierra con 12,235 obras ejecutadas y $8,055 millones ejercidos, paso necesario para apuntar a la cobertura nacional de 99.8%. La narrativa institucional insiste en un punto: la electricidad cambia la vida; en campo, la traducción es consultorio con refrigeración, aula con conectividad y microcomercio con terminal de pago estable.
Los cuellos de botella reales. La justicia energética no se define en un boletín sino en derechos de vía, servidumbres de paso, tiempos de obra y seguridad operativa. Si un tramo depende de resolver una colindancia o un acceso en temporada de lluvias, la obra se estira; si faltan transformadores por logística, el poste no basta. El reto de 2026 será sostener ritmos sin dispersar cuadrillas ni inflar costos unitarios. Ahí se medirá el programa.
Cómo se prioriza. La elegibilidad descansa en tres criterios: (i) densidad y aislamiento (lo más lejos, primero); (ii) impacto social (salud, educación, agua); (iii) costo por usuario conectado. Bajo estas reglas, un ramal que lleve luz a una clínica y dos escuelas se mueve antes que un crecimiento urbano con alternativas temporales. La coordinación con gobiernos estatales y municipales será el termómetro del avance trimestral.
Qué cambia para el usuario final. Conexión no es sinónimo de servicio de calidad. Las nuevas localidades deberán cuidar contratación formal, acometida segura, verificación de carga y, si aplica, gestión comunitaria para luminarias y mantenimiento básico. La recomendación práctica: solicitar la inspección de instalación y registrar de inmediato medidor y titularidad para evitar rezagos de facturación que, mes más mes menos, se vuelven deudas impagables.
Riesgos y oportunidad. El mayor riesgo no es técnico: es de cadencia. Si el programa pierde tracción, se encarece; si gana ritmo con planeación, abarata el costo por conexión y libera cuadrillas para reforzar circuitos donde la demanda crece por nearshoring y turismo. La oportunidad está en alinear obra social con planeación de red: los kilómetros que hoy conectan un paraje también preparan el camino para electrificar agroindustrias, clínicas y escuelas de la región.
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