La Secretaría de Seguridad promete agilizar trámites para visitas en centros penitenciarios, pero ¿realmente simplifica o solo junta requisitos en un mismo formato? Un análisis crítico de los cambios.
El Acuerdo publicado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) —firmado por Omar García Harfuch— promete "simplificar" trámites para visitas en centros penitenciarios federales. Sin embargo, un examen detallado revela que la medida aparenta eficiencia mientras mantiene intacta la complejidad del proceso.
Fusión de trámites: 5 procesos distintos para visitas (familiares, íntimas, defensores, menores de edad y religiosas) se unifican en un "Formato Único".
Reducción de plazos:
Constancia de antecedentes penales: de 10 a 5 días hábiles.
Solicitud de vigilancia para preliberados: de 5 a 3 días hábiles.
Eliminación de 2 requisitos: Comprobante de domicilio y carta de no consumo de drogas para el alta de preliberados.
A primera vista, suena a un avance. Pero el diablo está en los detalles.
La reforma equivale a meter todos los documentos en una misma carpeta, sin reducir su volumen ni agilizar su gestión:
Requisitos intactos: Para visitas íntimas, aún se exige:
Acta de matrimonio/concubinato.
Valoración médica de ETS (válida solo por 1 año).
90% de asistencia a visitas durante 6 meses si no hay documento que acredite la relación.
Biometría intrusiva: Exigen huellas dactilares, reconocimiento facial 3D e iris —datos sensibles que, según el IMDP (2024), no tienen sustento legal claro para visitas familiares—.
Digitalización ficticia: Aunque hablan de "herramientas electrónicas", el trámite sigue siendo presencial para cotejo de documentos. Comparado con Chile —donde el 100% del proceso es en línea—, México sigue en la era del papel.
La SSPC afirma que no hay costos para los particulares, pero omite:
Gastos médicos: La valoración clínica para visitas íntimas cuesta entre 2,500 MXN en clínicas privadas (datos de Profeco 2025).
Tiempo perdido: El requisito de asistencia del 90% en 6 meses obliga a familias a viajes constantes, especialmente duras para quienes viven fuera del estado donde está el recluso.
Barreras para niños: Exigen CURP, acta de nacimiento y valoración psicológica del menor —trámites que, según REDIM, violan el principio del interés superior del niño al burocratizar su derecho a visitar a sus padres—.
Mientras la SSPC celebra fusionar formatos, otros países han eliminado trámites:
España: Visitas familiares solo requieren DNI y registro en app penitenciaria (15 minutos).
Uruguay: Desde 2022, las visitas íntimas no requieren pruebas médicas —confían en exámenes rutinarios a reclusos—.
Colombia: El 80% de los trámites penitenciarios son digitales, con respuesta en 24 horas.
La reforma ignora el fondo del sistema penitenciario:
Saturación: Los centros federales operan al 145% de capacidad (INEGI 2024). Menos trámites no resuelven hacinamiento.
Corrupción en visitas: Según Transparencia Mexicana, el 30% de las familias pagan "cuotas extra" a custodios para agilizar procesos —algo que este Acuerdo no combate—.
La SSPC vende como logro lo que solo es un reordenamiento de papeles:
✅ Acierto: Eliminar 2 requisitos menores y reducir plazos marginalmente.
❌ Falla: Mantener requisitos onerosos, biometría excesiva y procesos presenciales.
Para una simplificación real, se necesitaría:
Digitalización total: Desde solicitud hasta emisión de credenciales.
Eliminar requisitos redundantes: Como la valoración médica para visitas íntimas.
Descentralizar trámites: Permitir iniciar procesos en oficinas locales, no solo en el penal.
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