Introducción
La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) jugó un papel clave en la revisión y evaluación de la nueva regulación sobre la preparación y venta de alimentos en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. Aunque el proceso de dictamen final ha sido en gran parte positivo, varias decisiones de la CONAMER, como la reducción de plazos de consulta pública, han generado controversia y críticas. Este artículo analiza lo que la CONAMER hizo bien y los aspectos donde pudo haber fallado.
1. Lo que hizo bien la CONAMER
- Transparencia en la consulta pública:
- A pesar de las críticas recibidas, la CONAMER facilitó un proceso de consulta pública accesible en su plataforma en línea, permitiendo que tanto ciudadanos como grupos interesados expresaran sus opiniones y preocupaciones.
- Esto ayudó a generar una discusión pública abierta, contribuyendo a la mejora de la regulación y reforzando la transparencia del proceso.
- Evaluación del impacto en la salud pública:
- La CONAMER reconoció la gravedad del problema de la obesidad infantil en México y la urgencia de implementar medidas que favorezcan la mejora de la salud de los estudiantes.
- En su dictamen, la CONAMER destacó que la regulación de alimentos es fundamental para combatir la obesidad y otras enfermedades relacionadas, como la diabetes y la hipertensión, lo que justificó la prioridad en la aprobación de la normativa.
- Análisis de costos y beneficios:
- La evaluación de los costos de implementación fue otro de los puntos positivos. La CONAMER proporcionó un análisis detallado de los costos que las escuelas, proveedores y otras partes interesadas tendrían que asumir para cumplir con la regulación, comparándolos con los beneficios esperados.
- El dictamen concluyó que los beneficios económicos a largo plazo, como la reducción de los costos médicos relacionados con la obesidad y la mejora del bienestar infantil, superarían los costos iniciales de implementación.
2. Críticas a la CONAMER
- Reducción de plazos de consulta pública:
- Uno de los puntos más críticos fue la decisión de la CONAMER de aprobar la reducción del plazo de consulta pública de 20 a solo 1 día hábil, como solicitó la SEP. Esto fue visto por muchos como una limitación a la participación ciudadana, ya que no permitió un análisis detallado por parte de todos los actores involucrados.
- Esta reducción fue justificada en el dictamen final como una medida urgente debido al impacto en la salud pública, pero varios grupos argumentaron que el proceso de participación pública fue insuficiente para un tema tan relevante.
- Falta de seguimiento a largo plazo:
- Aunque la CONAMER hizo un análisis sólido de los costos y beneficios, no se establecieron indicadores claros de éxito para hacer seguimiento de la implementación de la regulación. Esto genera incertidumbre sobre cómo se medirá el impacto de la normativa en los años siguientes y si se implementarán ajustes según los resultados.
- La falta de un sistema de medición robusto podría afectar la efectividad a largo plazo de la regulación.
- Evaluación superficial de las alternativas regulatorias:
- La CONAMER mencionó alternativas regulatorias en su dictamen, pero no profundizó en ellas. Por ejemplo, se descartó la opción de esquemas voluntarios o de autoregulación, argumentando que no garantizarían la protección adecuada de la niñez.
- Sin embargo, algunos críticos sugieren que un análisis más exhaustivo de estas alternativas podría haber generado opciones intermedias que combinaran regulación y responsabilidad social, especialmente para los pequeños proveedores que podrían verse gravemente afectados por las restricciones impuestas.
3. Impacto de las decisiones de la CONAMER en el Contexto Regulatorio
- Impacto en la salud pública:
- Al priorizar la implementación de la regulación por su impacto positivo en la salud pública, la CONAMER cumplió con su deber de mejorar las condiciones de vida de la población escolar. La nueva normativa tiene el potencial de reducir las tasas de obesidad infantil, mejorando la salud general de la población a largo plazo.
- Impacto en la participación pública:
- La reducción de los plazos de consulta pública, aunque justificada como una urgencia, generó desconfianza en el proceso. Esto ha sido visto como una limitación a la participación inclusiva de todos los interesados, particularmente de pequeños proveedores y padres de familia.
- Impacto en el cumplimiento regulatorio:
- La falta de seguimiento claro a largo plazo y la evaluación limitada de las alternativas podrían afectar el cumplimiento efectivo de la normativa, dejando espacio para dudas sobre cómo se ajustarán las medidas si no se logran los objetivos esperados en los primeros años.
4. Recomendaciones para mejorar el rol de la CONAMER en futuras regulaciones
- Ampliación del plazo de consulta pública:
- En futuras regulaciones, la CONAMER debería garantizar que los plazos de consulta pública sean adecuados y suficientes para que todas las partes interesadas tengan tiempo de analizar la normativa y emitir comentarios pertinentes. La urgencia no debe comprometer la transparencia y participación ciudadana.
- Establecimiento de indicadores claros de éxito:
- Para fortalecer su rol en futuras evaluaciones regulatorias, la CONAMER debería impulsar la creación de indicadores de éxito medibles que permitan evaluar el impacto de la normativa a corto y mediano plazo.
- Mayor profundidad en el análisis de alternativas:
- La CONAMER podría mejorar su análisis de alternativas regulatorias, proporcionando un examen más detallado de esquemas voluntarios o enfoques híbridos que permitan un mayor margen de flexibilidad, especialmente para pequeños proveedores.
Conclusión
La CONAMER desempeñó un papel fundamental en la revisión de la regulación de alimentos en las escuelas. Aunque su actuación fue positiva en términos de transparencia y análisis de costos, la reducción de los plazos de consulta pública y la falta de indicadores de seguimiento a largo plazo son áreas que podrían haberse gestionado mejor. Para futuras regulaciones, es esencial que la CONAMER garantice un proceso de consulta pública más inclusivo y un seguimiento más robusto de las medidas implementadas.